Provincia de Cádiz

Multado el vendedor de monos para quien el fiscal pedía 6 años de cárcel

  • La Fiscalía pacta con el procesado, dueño de una tienda de Chiclana, el pago de 8.460 euros por tres delitos: contra la fauna, estafa y falsificación de certificado

El grave caso de los monos de Gibraltar no era tan grave. El fiscal solicitaba en principio seis años y medio de prisión para el dueño de una tienda de Chiclana por poner a la venta, tras traer de Marruecos de manera ilegal, diez ejemplares de macaca sylvanus, que está en la Lista Roja de Especies Amenazadas en la categoría de vulnerables y cuya introducción en la Unión Europea está suspendida desde 2007. Pero llegó la hora del juicio, hubo un pacto y una sentencia de conformidad. El hombre, M.R., admitió que cometió tres delitos (uno contra la fauna, otro de estafa y uno más de falsificación de certificado) y ha sido condenado a pagar tres multas que suman en total 8.460 euros.

La operación Mojo-yoyo, desarrollada en marzo de 2008 por el Seprona, quedó así convertida en un episodio bien distinto al que anunciaba la calificación fiscal provisional. El principal procesado ha pasado de tener encima una petición fiscal de seis años y medio de prisión a ser condenado a pagar una multa. Su esposa, también procesada, que trabajaba en el establecimiento de venta de animales de Chiclana, ha pasado de ver que el fiscal pedía para ella de cuatro años de prisión a ser condenada a una pena de un año y seis meses de cárcel y una multa (con lo que elude su entrada en prisión). Y lo mismo le ha ocurrido a otra procesada, una empleada de la tienda.

Hay un cuarto procesado en el procedimiento pero está en rebeldía. En busca y captura. Es J.P., quien con su amigo M.R. se encargó de transportar desde Marruecos a Chiclana los diez monos que fueron puestos a la venta, según explica la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz.

Uno de los primates lo compró un cliente que desconocía que la comercialización de esa especie (los llamados monos de Gibraltar) no está permitida en España, relata la resolución. Antes de entregar el precio pactado de 2.300 euros, el cliente acudió en varias ocasiones al establecimiento para solicitar la documentación del animal. Una vez, la dependienta le pidió que pusiera en la documentación que había adquirido un perro, pero el hombre se negó. Luego le dieron una cartilla y un certificado confeccionados por los procesados. Otra cliente pidió en la tienda un mono que no creciese demasiado. Le proporcionaron uno de los monos de Gibraltar sin advertirle de que adquiría un gran tamaño y pagó 2.300 euros. Otra cliente pagó 2.140 euros por otro ejemplar.

M.R. consignó antes del juicio 3.440 euros que la sentencia destina a indemnizar a las compradoras de los monos. Eso les ha servido a los procesados para beneficiarse de una atenuante de reparación del daño.

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