Nuevas diligencias a propietarios y constructores por viviendas ilegales

El Juzgado de Instrucción Número 2 de El Puerto ha ampliado las diligencias contra el anterior alcalde Enrique Moresco y los exconcejales de Urbanismo, Patricia Ybarra y Diego Muñoz, por no actuar contra las viviendas ilegales, y ha ampliado la causa a otras 63 personas, propietarios de viviendas irregulares, constructores y promotores. Así se ha dado a conocer en un comunicado remitido por la delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, en el que se explica que fruto de la actuación contra el urbanismo ilegal que sigue dicho juzgado agentes de Medio Ambiente y Urbanismo adscritos a la Unidad de Policía de la Comunidad Autónoma identificaron a todos y cada uno de los propietarios de diferentes construcciones ilegales, citándolos en sede policial e imputando "a un total de 63 personas por dichas construcciones que habían sido realizadas sin ningún tipo de permiso o licencia".

Las zonas en las que se localizan las construcciones ilegales, muchas de ellas viviendas son Pago Buenavista, Laguna Chica y Pago Machete, todas ellas en suelo no urbanizable de especial protección, al estar incluidas en el Corredor Verde, un espacio protegido en el Plan de Ordenación del Territorio Bahía de Cádiz como parte de la Red de Espacios Libres desde el año 2004. Se da la circunstancia de que muchas de las parcelas en las que se habían realizado las construcciones han sido transmitidas mediante documentos privados o entre familiares, por lo que ha sido necesario determinar quienes eran los propietarios reales de las parcelas, "ya que no constaba ningún tipo de registro público". La instrucción de las diligencias policiales por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística han sido remitidas al Juzgado de Instrucción 2 de El Puerto.

Las investigaciones por este asunto se iniciaron a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía Provincial de Cádiz, tras una denuncia presentada por Ecologistas en Acción, que denunció ante el Ayuntamiento entre 2008 y 2012 que se estaba construyendo ilegalmente, sobre todo en el Corredor Verde, sin que el área de Urbanismo actuara con diligencia para evitar la posible vulneración de las leyes urbanísticas.

La denuncia recopilaba otras relacionadas también con construcciones que vulneraban la legalidad al estar levantadas sobre suelo no urbano ni urbanizable en el nuevo PGOU, "sin que los responsables municipales con competencia en la materia actuaran disciplinariamente contra las mismas". Las denuncias ecologistas se dirigían inicialmente por lo tanto contra el Ayuntamiento, "por la laxitud y pasividad al no utilizar los medios legales existentes para impedir las construcciones", y por no haber actuado "con la diligencia debida al permitir la continuación de las obras, lo que permitió la proliferación de las construcciones ilegales".