El PSOE de San Fernando hizo oficial ayer lo que llevaba un mes insinuando. Su petición de responsabilidades políticas al alcalde isleño Manuel María de Bernardo por las irregularidades en la caja municipal habían quedado hasta ahora en eso, en la asunción de responsabilidades. No se concretaban cuales, aunque el paso siguiente se hacía evidente. Por eso las declaraciones del portavoz socialista, Fernando López Gil, no cogieron a nadie por sorpresa. El martes, tras la celebración de un consejo de participación ciudadana extraordinario, la formación local socialista se reunió y tomó una decisión, la de pedir la dimisión del alcalde andalucista, "por ser responsable político directo en los hechos". Junto a esta solicitud, otra, pero al PP, socio de gobierno de la formación nacionalista. "Tiene que asumir su responsabilidad, si no se retira se está convirtiendo en cómplice del gobierno", apuntó al respecto. Pero aún fue más allá en su valoración. "No entendemos la actitud de los populares y a estas alturas nos preguntamos si su silencio se debe a que ellos están también escondiendo algo".

Prueba de este silencio fue, a su juicio, la actitud mantenida en el consejo, en el que, apuntaba López, el PP no dijo absolutamente nada. Por su parte, quien sí dio explicaciones fue el alcalde, aunque las mismas, añadía, no aportaron novedad alguna, "y sólo levantaron más dudas a los colectivos". De la intervención del regidor, López extrae conclusiones, como que De Bernardo, a través de su discurso, intentó eludir toda responsabilidad en el caso. "Según él, su función se limitaba a tener el mejor programa informático al respecto y a los funcionarios en sus puestos". Aún así, continuó refiriéndose al discurso de De Bernardo, "reconoció que hubo errores en el sistema que habían facilitado el robo y él es el responsable de que el sistema funcione".

Pero fueron otras, a juicio de López, las argumentaciones del edil del PA que más llamaron su atención. Argumentos que justificaban que él no apreciara las cifras del desfalco -cuando firmó los arqueos anuales y extraordinarios- porque no fue advertido de ello. Quienes tenían que avisarle pertenecen a la Delegación de Economía y Hacienda y son interventor y tesorera. Ellos no lo hicieron. "Así que, independientemente de que el alcalde fuera consciente de lo que firmaba, está ahora responsabilizando a otros dos funcionarios de manera administrativa para evadir la suya". López insistió además en la total imposibilidad de que sólo fueran los dos empleados de caja imputados los que supieran de este "robo". "Manifestamos que el alcalde conocía lo que firmaba", afirmaba. Su justificación, el procedimiento que ha de seguirse, según la ley, en relación a la caja municipal. "Los auxiliares de tesorería realizan arqueos diarios en presencia del tesorero, quien a su vez confecciona un estadillo de los movimientos, que se entrega al interventor y al propio alcalde. Cada año, al cierre del ejercicio, se hace un arqueo extraordinario que se repitió con el cambio de alcalde en 2005 y en la investidura de un nuevo gobierno en 2007".