Al PSOE le ha entrado al fin por fortuna el interés por Rafael Ricardi, el portuense que pasó cerca de 13 años encarcelado por una violación que no cometió.

Tras publicar este diario que sólo Izquierda Unida había atendido al llamamiento de los abogados del portuense, Antonia Alba y Juan Domingo Valderrama, de Derechos Humanos (que buscan el respaldo de los políticos para conseguir que el Gobierno se avenga de motu propio a indemnizar a Ricardi), los socialistas han devuelto ahora las llamadas que ellos también recibieron en su día.

Antonia Alba desveló ayer a este diario que el diputado gaditano del PSOE Salvador de la Encina la ha llamado para brindarse a concertarles una entrevista con algún alto dirigente. Se trata del mismo diputado al que en primera instancia los letrados recurrieron solicitándole un encuentro, propuesta que entonces no encontró el eco esperado. Ahora, De la Encina ha notificado a la abogada que va a hacer lo posible para que en próximas fechas dirigentes del PSOE reciban a la letrada y su compañero Valderrama para abordar el dramático caso del portuense.

Con todo, va a ser IU la primera que parta una lanza. Porque hoy, a las cinco de la tarde, en Madrid, el portavoz de la coalición de izquierdas en el Congreso, Gaspar Llamazares, va a recibir a los defensores de Ricardi.Los letrados también intentaron en su momento reunirse con representantes del Partido Popular, formación que sigue sin mostrar interés en el asunto. Alba y Valderrama están dispuestos a remover Roma con Santiago para ahorrarle al portuense otra posible batalla legal para reclamar al Gobierno que haga Justicia con su defendido. El esperado gesto no llega, y ya el otoño pasado se vieron obligados a presentar una reclamación patrimonial, que sigue sin obtener respuesta.

Ricardi fue juzgado y condenado a finales de 1996 por la violación de una joven en agosto de 1995 en la urbanización de Valle Alto, en El Puerto. Hasta julio de 2008, no fue excarcelado, a petición de la Fiscalía de Cádiz, tras recibirse unos nuevos informes que confirmaban lo que muchos sabían hacía tiempo, y la Policía decía a viva voz desde tres meses atrás: que Ricardi no había tenido nada que ver con la agresión sexual que estaba penando. Que eran dos jerezanos, Fernando P. y Juan B., los únicos autores, no sólo de esta violación, sino de las 10 registradas con el mismo modus operandi entre los años 1995 y 2000 en municipios de la Bahía, ocho de ellas cometidas con el portuense ya entre rejas.

Pero, y eso es lo que más indigna a sus letrados de ahora, es que pudo haber sido bastante antes. Que tenía que haber sido bastante antes. Cuando menos, en el año 2000, cuando un informe de Toxicología ya rechazó de plano que fuera de Ricardi el ADN hallado en ropa de la joven violada que, con un amplio margen de error, le había sido atribuido en 1995. Informe que la Policía notificó al tribunal que le juzgó, y éste, a la Fiscalía y a su abogado de oficio de entonces.

La revisión de su caso, por increíble que parezca, no sería promovida hasta que nuevas investigaciones policiales en 2008 apuntaron hacia dos personas. En definitiva, que hasta que no tuvieron a los dos autores, no le soltaron .

Hasta julio de 2009, el Supremo no ha anulado la sentencia que le condenó. Rafael Ricardi Robles, con grandes secuelas físicas y psíquicas por el accidente que le dañó la columna en la juventud, por su pasado de drogadicción y por su larga e injusta estancia carcelaria, no dispone ya de recurso alguno. La pensión que percibía por su minusvalía le fue retirada al ir a prisión. En febrero se le terminó el paro carcelario. Hace años, nadie movió ficha para revisar su caso.Y ahora, nadie mueve ficha para compensarle.