Minutos después de que los trabajadores de la empresa Pascual expresaran públicamente desde El Puerto su petición a la Junta de que saliera a la luz la propuesta que el empresario gaditano, Radio Cádiz abría uno de sus informativos matinales desvelando dicho contenido.

Según informó la Ser, la propuesta presentada ante Salud por parte de José Manuel Pascual el pasado 20 de febrero aceptaba una reducción del concierto sanitario de un 8%, de manera que el empresario pasaría de ingresar 105 millones de euros a 99 millones. Esta disminución económica en la aportación de la Junta se llevaría a cabo, según propone Pascual, a cambio de que el propietario de los centros sanitarios pudiera asumir la titularidad de dos hospitales propiedad de la Junta de Andalucía.

El documento que rechazaba a principios de esta semana la Junta, tal y como anunció la propia consejera de Salud, concretaba dichos intercambios, citando el Chare de la Janda, en Vejer, y el hospital de Cártama, en Málaga.

José Manuel Pascual, en su escrito, se comprometía a asumir la inversión así como a terminar los trabajos, dotar médicamente a los centros sanitarios y, a partir de 2015, ir poco a poco concertando plazas con la Administración andaluza gestionada por PSOE e IU.

Se da la circunstancia de que estos dos centros sanitarios están incluidos en un listado de otros 31 que tanto la empresa Pascual como sus trabajadores citaban como centros "abandonados, no dotados o cerrados por la Junta de Andalucía".

Esta propuesta fue rechazada por la Junta de Andalucía ya que la propia consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, lo consideró "inadmisible". Así, quiso dejar claro en ese momento que "el Gobierno andaluz no se plantea privatizar servicios. La sanidad pública andaluza no está en venta y los centros no se van a privatizar".

Tras este rechazo, la Junta optó, de manera unilateral y basándose en el concepto "por interés público", por prorrogar por un año, con una rebaja de un 5%, el concierto que finalizó el pasado 31 de enero.

El malestar del empresario gaditano le llevó a presentar ayer ante la Junta una reclamación de 45.604.000 euros por "sobreactividad" o "sobreuso", según confirmaron fuentes cercanas a la empresa Pascual.

En principio, el empresario ha recibido de la Junta un total de 229 millones de euros por los servicios prestados hasta el pasado 31 de enero, cuando la empresa estima que realmente se prestaron servicios por valor de más de 274 millones más. De esto se desprende la cantidad expresada por Pascual en su reclamación de 45 millones de euros no abonados por la Junta en compensación por el uso de sus centros sanitarios.

Ayer mismo, el delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, rechazó que el Gobierno andaluz le deba esa cuantía a Pascual. López Gil añadió López Gil que la reclamación "es un paso más en la estrategia de presión a la Junta iniciada por parte de la empresa" y defiende que "los altísimos beneficios" que registra la empresa sanitaria "no justifican en ningún momento que haya puestos de trabajo que estén en riesgo".

En rueda de prensa, López Gil ha explicado que "no es la primera vez que desde la Junta le ganamos pleitos de este tipo a esta misma empresa por reclamaciones millonarias, y tenemos claro que no corresponde esta liquidación que nos pide, por lo que sólo se puede entender como una estrategia de presión".