Los padres y madres de alumnos del colegio Reggio de Puerto Real se dividen. Un grupo de ellos, han creado un manifiesto en el que piden "respeto" para quienes decidan llevar a sus hijos a clase el próximo lunes.

Dicen estar muy preocupados con todo lo acontecido y lamentan que "a pesar de que la Delegación de Educación de Cádiz y el profesorado del centro animan a comenzar el curso con total normalidad y confirman que no hay riesgo para la salud del alumnado, nos sentimos coaccionados y abrumados por el tratamiento que se está dando a la información y por las declaraciones y acusaciones del AMPA".

Este colectivo que se desmarca de la posición del AMPA dice estar "totalmente a favor de que se retire el amianto del colegio", pero recuerda que desde el propio centro, "frente al alarmismo y tergiversación interesada de los informes y documentación técnica", han redactado un comunicado donde se asegura que no existen motivos para no comenzar el curso el próximo lunes 12 de septiembre.

Por lo tanto, ante esto, piden "respeto para poder ejercer el derecho de nuestros hijos e hijas a asistir al colegio con total normalidad, según el calendario escolar".

Ayer, la dirección del colegio comunicó a los padres que el patio de infantil había sido limpiado y que el Ayuntamiento continuaba realizando trabajos en el colegio para iniciar las clases el lunes "con normalidad".

Una de las últimas acciones que las asociaciones de padres han realizado, a través de la FLAMPA (Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos) ha sido el anuncio de que se interpondrá una querella criminal contra el delegado de Educación, Juan Luis Belizón, por "un delito contra la salud pública con el agravante de que han sido los menores, y más vulnerables, los expuestos", así como "un delito de imprudencia temeraria, negando la letalidad del amianto", ya que "los muchos informes, excepto el último de la Junta, han mostrado la existencia de amianto en el Reggio y su peligrosidad".

Sobre esto, el delegado dice estar tranquilo, "pues estoy actuando de acuerdo a nuestros informes técnicos: el de salud pública, el de medio ambiente y el de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Este último concluye, igualmente, con nuestros análisis y el del Ayuntamiento".

Belizón recuerda también que toda la documentación de esta actuación está en manos de la Inspección de Trabajo y de Fiscalía, y que ninguno de ellos se ha pronunciado en sentido de clausurar el centro o evitar la entrada de alumnos y maestros.

En defensa del delegado salió ayer el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, que calificó de una medida "desproporcionada" el anuncio de la querella. Jiménez Barrios afirmó que el delegado de Educación "está perfectamente implicado en la solución para el colegio y la Junta tiene diseñado un plan de retirada del amianto de los centros escolares".

En ese sentido, añadió que "el alcalde de Puerto Real y el delegado, con la dirección del centro y el Consejo Escolar tienen trazado un trabajo que tiene que dar sus frutos".