Durante casi tres horas miembros de la brigada de la Policía Judicial de la Comisaría de San Fernando registraron el domicilio particular de uno de los funcionarios municipales detenidos por un presunto delito de malversación de fondos públicos cifrado hasta el momento en 468.623 euros, sobre los que, por cierto, no hay rastro alguno. Los agentes entraron en la casa, un adosado ubicado en la zona de Camposoto, poco después de las dos y media de la tarde, acompañados por el inculpado, Clemente Ruiz, quien entró en ella apenas cubriéndose levemente la cara con las manos.

Aparcado en la puerta, un Audi Q7, cuyos familiares habían conducido por la mañana desde este punto para dirigirse a los juzgados en los que estuvieron esperando sin resultado alguno. Porque, finalmente, y tras otra mañana de espera infructuosa de los medios de comunicación, la jueza que instruye el caso no decretó que ninguno de los dos detenidos pasaran a disposición judicial, por lo que será hoy, tras agotar las 72 horas disponibles, cuando ambos, ahora sí, lo haga.

La Policía aprovechaba por tanto -y previa orden- la tarde de ayer para realizar estos registros tanto en la casa del sujeto como en la inmobiliaria de su propiedad. Del adosado salía la familia poco después de que entrara la brigada, y ya no volvían a abrirse las puertas salvo para el relevo de los efectivos, que iban de paisano. Desde fuera, persianas subidas y bajadas, ventanas abiertas y una puerta de acceso a la vivienda continuamente entornada. Sobre las cinco algunos miembros de la Policía Judicial salían a este porche para tomar pruebas de un segundo vehículo que se encontraba también aparcado.

Media hora después, volvían a marcharse. Y de nuevo, el detenido, con el rostro apenas oculto. Entre dientes, mascullaba una frase: "No, si al final va a gustarme esto de ser famoso".

Apenas media hora después aparecía todo elgrupo en la inmobiliaria de su propiedad. Sólo hacía unos minutos que la encargada había subido la baraja y abierto el negocio cuando, miembros de la Policía Judicial entraban a inspeccionarlo, acompañados de nuevo por el detenido. Este registro duró sólo una hora en la que los agentes tuvieron tiempo de retirar bastante material. Cuadernos, carpetas, diez archivadores, un ordenador portátil, una impresora y dos ordenadores de mesa fueron requisados y trasladados a Comisaría.

Todo lo encontrado, más los informes pertinentes de la Policía pasarán hoy también a manos de la juez, quien ayer a las diez y media de la mañana también recibía los resultados de la declaración de la otra inculpada, María José Lebrero. Su domicilio fue registrado el jueves, sin necesidad de orden judicial, ya que ella accedió a hacerlo sin que se encontrara material concluyente.