El Gobierno local le reprochó ayer al Ayuntamiento de Jerez que no adoptara medidas para evitar que la empresa concesionaria de la planta de tratamiento de residuos de Las Calandrias, la UTE conformada por las empresas Sufi y Verinsur, impidiera la entrada de residuos procedentes de la ciudad en estas instalaciones durante una semana. De hecho, se acusó a la empresa municipal Aguas de Jerez, que tiene la encomienda de este espacio, de haber incurrido en una "dejación de funciones" al permitir que la adjudicataria "tomara la decisión unilateral de cerrar sus puertas a los camiones de El Puerto, cuando en ningún supuesto está autorizada para ello" (esta actitud provocó que durante una semana no se pudiera recoger la basura en las calles de la ciudad).

Estas quejas fueron transmitidas por las concejalas de Economía y Medio Ambiente, Leocadia Benavente y Blanca Merino, a representantes del cabildo jerezano (entre ellos la delegada de Medio ambiente, África Becerra) en una reunión que mantuvieron en la mañana de ayer para hablar de Las Calandrias, un encuentro en el que también estuvieron presentes miembros de la UTE Sufi y Verinsur.

Según el Plan Director de Residuos de Andalucía, el servicio de recogida de El Puerto está obligado a llevar las basuras a estas instalaciones ubicadas en el paraje conocido como Finca Bolaños. Por ello, en 2008 se firmó un acuerdo con el Consistorio jerezano para su uso en el que se establecía, entre otras cuestiones, los costes del depósito y tratamiento de los residuos, motivo que ha generado el enfrentamiento entre el Ayuntamiento portuense y la UTE Sufi y Verinsur.

La reunión de ayer sirvió para que el Ayuntamiento se mantuviera firme en su postura. Así, el Gobierno local sostiene que no se opone a que los precios se incrementen aunque la modificación debe justificarse y ser aprobada previamente por una comisión de seguimiento conformada por ambos municipios, tal y como establece el acuerdo firmado en 2008.

En cambio, este órgano no ha llegado a constituirse en estos dos años pero la UTE Sufi y Verinsur planteó en abril del año pasado un aumento de los precios (la reiterada negativa del Consistorio portuense a asumir este sobrecoste provocó que la adjudicataria de Las Calandrias cerrara las puertas durante una semana).

En el encuentro, según explicó el Gobierno local, Aguas de Jerez se comprometió a convocar para el próximo día 15 una reunión con todos los ayuntamientos que utilizan estas instalaciones para estudiar una revisión de las tarifas. A día de hoy, el Consistorio portuense tiene que pagar unos 31 euros por tonelada de residuos que deposita en Las Calandrias; sin embargo la empresa concesionaria de las instalaciones reclama que se abonen unos 37 euros por tonelada, un precio que para el Consistorio está "fuera de mercado" y muy por encima del que tienen otras plantas del entorno, según apuntó la concejala de Medio Ambiente tanto al Ayuntamiento jerezano como a las empresas Sufi y Verinsur en una carta remitida el pasado 30 de septiembre.

Es más, en la misma misiva Blanca Merino reclamaba que para justificar esta cuantía se procediera a un análisis "con todos los representantes municipales afectados" ya que considera necesario "estudiar medidas de racionalidad y control del gasto de este servicio".

En cambio, la adjudicataria de las instalaciones de tratamiento de residuos sostiene que el incremento viene motivado por un acuerdo laboral con los empleados de la planta para mejorarles sus condiciones laborales (se aumentaron los salarios y se incrementó la plantilla).

Sin embargo, en la carta enviada por la edil de Medio Ambiente a Aguas de Jerez y a la UTE Sufi y Verinsur en septiembre se señalaba al respecto: "Todos los ayuntamientos españoles vivimos una situación financiera bastante crítica y no podemos permitirnos nuevos incrementos salariales, ni de otra índole, en ninguno de nuestros servicios". Por ello reclamaba que se hiciera un análisis concienzudo de los gastos que genera Las Calandrias para saber si están o no plenamente justificados.