La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía renovará de forma unilateral y "por el interés público" el concierto con los centros de la empresa Pascual con una reducción del 5%, según anunció ayer la consejera, María José Sánchez Rubio, quien señaló que la renovación será por un año.

Estas declaraciones las hizo en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, antes de la reunión que mantuvo con profesionales de las Unidades de Gestión Clínica de este hospital y el de Puerto Real.

Sánchez Rubio explicó que la bajada que se ha establecido para el concierto con Pascual es menor que las que han tenido tanto el Servicio Andaluz de Salud (SAS) como las empresas públicas y el resto de conciertos. Añadió que la renovación podría haber sido por 21 meses "si se hubiera llegado a un acuerdo con la empresa", pero al no haber acuerdo, se ha renovado de forma unilateral "porque entendemos que es conveniente mantener los servicios que se prestan a través de estos conciertos y porque no queremos bajo ningún concepto que vaya a redundar en pérdida de empleo si no se hace así". Por eso, insistió en que "nuestro principal objetivo es garantizar la asistencia sanitaria a la ciudadanía y no poner en riesgo el empleo".

La consejera señaló que desde el mes de enero han mantenido hasta ocho reuniones con los responsables de la empresa Pascual, en las que no se ha conseguido llegar a un acuerdo entre las partes, ya que la propuesta que planteaba la empresa, según la consejera, era reducir hasta un 17% el precio del contrato siempre que se le cediesen centros sanitarios públicos para ser gestionados desde el ámbito de lo privado, algo que Sánchez Rubio consideró "inadmisible". Así, quiso dejar claro que "el Gobierno Andaluz no se plantea privatizar servicios. La sanidad pública andaluza no está en venta y los centros no se van a privatizar".

Sánchez Rubio afirmó que la propuesta que hizo Pascual demuestra que la falta de acuerdo "no se debe a un desequilibrio económico de la empresa". Y destacó que la Consejería "ha sido franca en todo momento, tanto en los mensajes públicos como en los trasladados en la mesa de negociación", asegurando que "en ningún momento nos hemos planteado suspender el concierto" y que nunca "la negociación ha puesto en riesgo los puestos de trabajo".

Así, fuentes cercanas a la empresa Pascual critican que "la Junta no se aclara, ya que contaba desde un principio con herramientas legales para haber prorrogado el concierto desde el minuto uno sin necesidad de crear una alarma social ni una incertidumbre que habría sido evitable y buena para todos".

Tras el vencimiento de los 27 meses de convenio firmado entre Junta y Pascual el pasado 31 de enero, el propio concierto plantea efectivamente la posibilidad de prorrogar, aunque sea de manera unilateral, por parte de la Junta, el convenio vigente 21 meses más hasta llegar a un máximo de 48. Sin embargo, la Junta optó por una prórroga de dos meses, una figura que, según fuentes de la propia empresa sanitaria, fue del todo "ilegal".