Ecologistas en Acción ha mostrado su satisfacción por la Sentencia de la Sala nº 3 de lo Contencioso Administrativo de Cádiz que anula la multa de 601 euros “que el gobierno municipal impuso de forma arbitraria a Salvador González Mateos”, miembro del colectivo, condenando al Ayuntamiento a pagar las costas.

Los hechos se remontan al verano de 2020, cuando Salvador González organizó una campaña en la urbanización de El Manantial para exigir un eficiente servicio de recogida de residuos urbanos, y concienciar a la ciudadana en favor de la recogida selectiva y el reciclaje.

Ante la ausencia de contenedores de recogida selectiva, y tras la reiterada e infructuosa petición al Ayuntamiento para que los instalara, organizó una original isleta de reciclaje en la zona, para favorecer esta práctica entre sus vecinos “y llamar la atención por la incapacidad y mala gestión de los responsables municipales”. Los residuos clasificados eran transportados por él mismo hasta los contenedores municipales o el punto limpio, evitando que acabaran en el vertedero de Las Calandrias, donde los deposita la concesionaria.

Tras dos meses de exitosa campaña, "un desproporcionado despliegue policial se presentó en su casa", conminándole a retirar toda la “basura”, lo que así hizo tras intentar infructuosamente dialogar y convencer a los policías que no era “basura”, sino una glorieta de reciclaje.

Los ecologistas denuncian que el Ayuntamiento de El Puerto (PP-Cs) “ha pretendido aplicar a un activista la Ley de Seguridad Ciudadana como si fuera un delincuente. González siempre se ha caracterizado por su trayectoria pacifista y su compromiso cívico, no sólo como socio de Ecologistas en Acción, sino como dirigente vecinal, habiendo sido presidente de la Flave y de la Flampa.

“El despliegue policial intimidatorio y la sanción fue una represalia política por la campaña que estaba desarrollando, que puso en evidencia el mal funcionamiento del servicio de recogida de basuras y las irregularidades en que incurre, incumpliendo FCC el contrato suscrito con el Ayuntamiento”.

El procedimiento sancionador lo firmó la concejala de Seguridad, acusándole de “desobediencia reiterada a los agentes”, lo que se ha demostrado rotundamente falso.

“La sentencia desmonta el burdo montaje de los policías municipales que intervinieron y de los responsables que promovieron la represalia, y deja en evidencia la mala fe de invocar a la Ley de Seguridad Ciudadana. Destaca que el denunciado mantuvo una actitud pacífica y reivindicativa, y reconoce que sus acciones están amparadas por la libertad de expresión, “que han intentado vulnerar los responsables del Ayuntamiento”.

Tras esta sentencia el alcalde, Germán Beardo, la concejala de Seguridad, Marina Peris, y el concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, “deben dar explicaciones de por qué sancionaron a un vecino por ejercer sus derechos constitucionales, y por promover el reciclaje de residuos, y por qué el ayuntamiento no recicla prácticamente nada”. Además, los ecologistas consideran que “deben hacerse cargo solidariamente del pago de las costas”.