A partir del martes de la semana que viene comienza en la Audiencia Provincial con sede en Jerez el juicio al ex senador del Partido Popular Sebastián Ruiz, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de prisión por los delitos de cohecho y prevaricación. El fiscal sostiene que Sebastián Ruiz enchufó en el Ayuntamiento de Arcos a la hija del ex interventor Antonio Muñoz, a cambio de que éste modificara informes de reparo.

A la fecha de los hechos, en 2014, Ruiz ocupaba el cargo de segundo teniente de alcalde, responsable del Área de Hacienda y delegado de Infraestructuras, además de ser senador del Partido Popular por Cádiz, puesto que ocupó hasta octubre de 2015.

Junto al ex senador se sentarán en el banquillo de la Sección Octava de la Audiencia el ex teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Manuel Erdozain (AIPro), el ex interventor accidental del Ayuntamiento de Arcos, Antonio Muñoz, y el ex delegado de Hacienda (PP), Carlos de la Barrera, todos acusados de los delitos de cohecho y prevaricación. El fiscal solicita para Erdozain una pena de cinco años mientras que para Muñoz y De la Barrera la rebaja a cuatro. Anticorrupción pide además para los cuatro procesados nueve años de inhabilitación para cargo público.

Este caso parte de una denuncia de un trabajador municipal del Ayuntamiento de Arcos ante la Fiscalía Anticorrupción. Además, dicho empleado denunció irregularidades en vales para el gasoil y el destino de la leña municipal.

Calificación fiscal

En su escrito de calificación, el fiscal dice que “los acusados Manuel Erdozain, Sebastián Ruiz y Carlos de la Barrera, ante el problema que les planteaba el informe del interventor municipal Antonio Muñoz, de fecha de 18 de junio de 2014, en el que informaba negativamente de todas las nuevas adjudicaciones de obras e inversiones por lo grave de la situación económica del Ayuntamiento, decidieron de común acuerdo ofrecer al interventor la contratación de su hija a cambio de que modificase el sentido de dicho informe”.

Ante el conflicto que planteaba la no ejecución de dichas obras, “se diseñó por los procesados un plan aprovechando que Sebastián Ruiz era el responsable del Área de Hacienda, Régimen Interior y Bienestar Social, de la que dependía el delegado de Hacienda y Régimen Interior, Carlos de la Barrera, con competencia para la celebración de los contratos de personal temporal”.

Así, en virtud de ese plan, le ofrecieron al interventor Antonio Muñoz la contratación de su hija en el Ayuntamiento arcense con la finalidad de cambiar el sentido al informe desfavorable.

“Dicha contratación se realizaría en un lugar apartado de la población para no levantar sospechas”, apunta el fiscal. Ese lugar fue el centro ocupacional Juan Candil, entidad dependiente del Ayuntamiento de Arcos que atiende a personas con discapacidad. Su directora había manifestado verbalmente en varias ocasiones que necesitaba a una persona “con experiencia y cualificación” como monitora para este servicio.

“Teniendo en cuenta que dicho centro se encontraba alejado varios kilómetros del núcleo de la localidad y con un acceso dificultoso a través de un carril, los acusados acordaron que sería el lugar idóneo para colocar a la hija del interventor”, añade el fiscal en sus conclusiones provisionales.