El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) anunció ayer la detención de dos personas a las que se acusa de cometer un supuesto delito de tráfico ilegal de animales protegidos, estafa y falsedad documental en el marco de la operación Mollo. La Guardia Civil difundió haber detenido a un vecino de Ronda que se encargaba de vender los primates por Internet con documentación falsa y al propietario de un zoo de la provincia de Cádiz -en alusión al de Castellar de la Frontera- quien supuestamente surtía de animales al vendedor.

El propietario de la instalación castellarense, Ricardo Gistas, negó haber sido arrestado y defendió la legalidad de la transacción de los primates en declaraciones a este periódico tras ser preguntado para conocer si eran sus instalaciones las que habían sido investigadas por la Guardia Civil.

La operación se puso en marcha el pasado junio tras la localización de un primate en una vivienda de Badajoz que fue adquirido por un vecino a través de Internet. Los agentes averiguaron que el vendedor era un vecino de la localidad malagueña de Ronda, que ofertó el animal a través de Internet con documentación no válida para su tenencia por particulares procedentes del citado zoo. Ambos fueron detenidos, según la Guardia Civil.

La versión de los hechos del Seprona señala que los animales se obtenían a través del zoo con documentación que no era la legalmente establecida para su tenencia con el fin de aprovecharse de la confianza de los compradores que sufrían la estafa. El propietario del zoo reseñaba los animales como si hubieran nacido en sus instalaciones en cautividad, con el objetivo de obtener la documentación correspondiente para su tenencia en el citado centro, aunque posteriormente algunos de los animales eran entregados al vecino de Ronda. Los primates son especies protegidas, cuyo comercio y tenencia por particulares están prohibidos por motivos sanitarios.

El propietario del zoológico de Castellar insistió en que la venta fue totalmente legal y que no hubo detenidos por parte de la Guardia Civil o el Seprona. Gistas expuso que le pidieron la documentación y que fueron entregados todos los papeles necesarios. "La venta fue legal, se vendió bien, con papeles", sostuvo.

La Guardia Civil apunta a que los arrestados podrían haber traficado con un centenar de especies, como primates, marsupiales y aves exóticas.

Por otro lado, la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales, ANDA, pide que los controles que se realizan en los zoos españoles se incrementen. Según su portavoz, Alberto Díez, el zoo de Castellar es un centro sobre el que su organización ya tenía sospechas de sus deficiencias.