Unas 3.000 personas, según datos de la Policía Local, apoyaron ayer en Villamartín a los trabajadores del hospital concertado Virgen de las Montañas, propiedad de Pascual. Vecinos de numerosos pueblos de la Sierra, arropados por un nutrido grupo de alcaldes y concejales, defendieron la continuidad de este hospital comarcal que abrió sus puertas hace 18 años. Regidores y concejales de todos los signos políticos y con representación en la comarca cerraron filas en torno a la necesidad de proteger el empleo de los 351 trabajadores que conforman la plantilla de este centro y la prestación de la asistencia sanitaria de miles de habitantes serranos. Estuvieron presentes representantes de PA, PP, PSOE, IU y AI-Pro. Y formalizaron su presencia en la protesta los alcaldes de Villamartín, Arcos, Bornos, Puerto Serrano, Prado del Rey, El Bosque, Ubrique y Villaluenga del Rosario, además de organizaciones sindicales como UGT y otras entidades socioeconómicas de la zona.

La manifestación partió sobre las cinco y media de la tarde bajo una pancarta en defensa de este centro para desembocar, una hora más tarde, en la plaza del Ayuntamiento. Allí, la plantilla de trabajadores de Pascual, con los ya conocidos guantes azules en alza como símbolo de sus protestas, leyó un comunicado en el que argumentaba que no dejarán las movilizaciones hasta que la Junta no garantice sus empleos mediante un convenio estable y lleguen los pacientes a todos los centros de esta red hospitalaria. Cabe recordar que la consejera de Salud de la Junta, María José Sánchez Rubio, anunció el pasado martes, en Cádiz, la renovación de una prórroga unilateral por un año del concierto que la administración autonómica mantiene con Pascual, que afecta a cuatro centros en la provincia gaditana, entre ellos el de Villamartín, además de uno en Huelva y otro en Málaga.

En la protesta hubo consignas como "No más mentiras" o "Con la sanidad no se juega" por parte de los manifestantes, a los que la mayoría de alcaldes se dirigieron desde el balcón de la Casa Consistorial. El alcalde de Villamartín, Juan Luis Morales (PA), habló de la "obligación" de defender "uno de los pilares básicos" y exigió a la Junta que cumpla "con lo que dice: si no quiere recortes que no los haga", dijo, para rechazar la "política orquestada" que desde la administración autonómica "se quiere hacer" con Pascual. En términos similares se pronunció el alcalde de Arcos, José Luis Núñez (PP), que expresó su respaldo a "una de las empresas más importantes de la Sierra". Pidió a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "la que no recorta" y que "juega con las familias de 351 trabajadores", criticó, que se siente a negociar para garantizar los empleos. A su entender "está claro que se quieren eliminar usuarios y plazas sanitarias concertadas para que la carga sea menor para la Junta".

Pese a compartir las mismas siglas que el gobierno autonómico, el alcalde de Bornos, el socialista Juan Sevillano, mostró cierta discrepancia con la Junta por la "confusión" y la falta de claridad con respecto a la renovación de la prórroga de un año con el concierto. "¿Qué va a pasar dentro de un año? ¿Nos volveremos a movilizar?", se interrogó Sevillano. "Tengo que decirlo. Tiene que haber una garantía", criticó el regidor bornense. También mostró públicamente su apoyo a los más de 1.200 trabajadores afectados de todos los centros y su malestar por la actitud de la Junta, el alcalde de Puerto Serrano, Francisco Javier Gómez (IU), quien reconoció su "desacuerdo" con la política del socio de gobierno de su formación en la administración regional. "No se puede jugar con la vida y la salud de los vecinos. ¿Alguien se ha puesto a pensar en las vidas que ha salvado este hospital comarcal?", se preguntó, con el ofrecimiento de su solidaridad hacia los afectados. Materializó su compromiso con la plantilla, además, Manuel Toro (PP), el alcalde de Ubrique, el segundo municipio más importante de la Sierra en número de habitantes. Toro sentenció que "el hospital no se cierra" y exigió a la Junta "no más mentiras" con el tema sanitario en la comarca "cuando nos hemos tirado en Ubrique más de ocho años luchando por un nuevo centro de salud", comentó. Al respecto, UGT Sierra testimonió su respaldo a los trabajadores. Su secretario comarcal, Juan Antonio Rodríguez, mostró en la protesta su preocupación por el futuro de estos empleados, a los que "apoyamos en ésta y en todas las movilizaciones que hagan", apostilló, antes de decir que la central sindical reivindica una "sanidad digna y cercana". Entre otros representantes estuvieron el senador arcense Sebastián Ruiz (PP), y el diputado provincial Eduardo Párraga (PP), quien afirmó que el cierre de Villamartín supondría un "paso atrás" ya que la Sierra no tiene ningún centro asistencial público. En este sentido, criticó el modelo sanitario "semi-privado" que el PSOE "lleva imponiendo en la provincia gaditana en los últimos 30 años, donde la mitad de los hospitales son de titularidad privada", afirmó.