Provincia de Cádiz

El TS ratifica la condena a Díaz Cosa anulando la prueba "fundamental"

  • La sentencia del crimen de La Viña afirma que no debió ser tenido en cuenta en el juicio el registro de la vivienda del condenado, el principal apoyo del veredicto del jurado

El Tribunal Supremo ha considerado probado que José María Díaz Cosa mató a su vecina Dominga Ramírez Ureba, de 79 años de edad, cuando ella lo sorprendió robando en su casa de la calle Paco Alba el 2 de octubre de 1998. Pero lo ha hecho con una sentencia que estima nula la prueba que el jurado consideró como "fundamental" contra el procesado.

Los magistrados afirman en su resolución que el registro de la casa del acusado en el fueron halladas joyas de la asesinada fue irregular, ya que la Policía no llevó al procesado pese a que éste estaba en la Comisaría y podía hacerlo. El registro, anotan, no debió ser tenido en cuenta en el juicio: fue un "vicio procesal" importante. Hubo pues, aseguran, una "vulneración" o una "infracción del derecho a un proceso con todas las garantías". No obstante, los magistrados ratifican la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Cádiz: argumentan que pese a la irregularidad del registro hay otras pruebas y que, por tanto, fue respetado el derecho a la presunción de inocencia.

La sentencia del Supremo ya es llamativa por el simple hecho de que da por válida una resolución sobre un proceso que vulneró derechos de un procesado condenado por asesinato. Más lo es teniendo en cuenta que hace unos años, el Tribunal Constitucional ordenó repetir el juicio por el mismo caso al considerar vulnerado otro derecho: el de la familia de la víctima a ejercer la acusación particular en el juicio. Díaz Cosa había sido absuelto y tuvo que ser juzgado de nuevo.

Así pues, en octubre de 2007, un derecho vulnerado dio lugar a repetir un juicio que había absuelto al procesado. Celebrado el segundo juicio, el procesado fue condenado. Y ahora, en 2010, un derecho vulnerado da lugar a dar por válido ese juicio.

Con un detalle: que la irregularidad cometida es haber tenido en cuenta un prueba "nula" y que esa prueba nula aparece como la "fundamental" en el veredicto de culpabilidad del jurado. Y con un segundo detalle: que la familia de la víctima sí ejercía la acusación particular y que fue poco antes del primer juicio se retiró; adujo que no tenía dinero, el juez les dijo que solicitasen un abogado de oficio, lo pidieron y les fue denegado porque no cumplían los requisitos para obtener la justicia gratuita; se celebró el juicio y tras la sentencia absolutoria, la familia se personó de nuevo, recurrió y el Constitucional argumentó, al ordenar repetir el juicio, que el juez debió ponerle abogado de oficio a la familia.

En el segundo juicio, la familia de la víctima acudió como acusación particular. Con abogado de pago. Díaz Cosa fue condenado entonces, en mayo de 2008, a 8 años y 9 meses de prisión. La sentencia aplicó una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas debido al considerable retraso en la tramitación de la causa. De ahí esa pena tan inusualmente baja para un caso de asesinato.

Aunque considera nulo el registro domiciliario, el Supremo mantiene la validez de esa sentencia condenatoria. Argumenta que puede prescindirse de esa prueba porque hay otras: la autoinculpación del procesado en la comisaría; la vecindad de Díaz Cosa con la víctima (vivían en partiditos contiguos) unido a la dificultad de acceso desde el exterior al piso de la asesinada; que al día siguiente del crimen, Díaz Cosa le dio al testigo F. joyas de la víctima para que se las vendiese; que el procesado no tenía trabajo por esas fechas; y, finalmente, que era consumidor medio de drogas.

El Supremo anota que esas dos últimas pruebas (indicios) tienen un valor secundario. Pero no las otras, que también fueron cuestionadas por la defensa. El abogado de Díaz Cosa argumentó al recurrir la sentencia de la Audiencia que la autoinculpación en comisaría fue obtenida con amenazas, como explicó en el juicio el procesado y tuvo en cuenta el jurado del primer juicio al desestimar esa prueba y estimar que había sido obtenida irregularmente.

El abogado defensor alegó, por otro lado, que entrar en el edificio en el que residía la víctima era tan sencillo como que la puerta del portal se abría con un empujón, como dijeron algunos vecinos (además, la asesinada solía dormirse viendo la tele con la puerta de su casa abierta y un vecino dijo en el juicio que, en ocasiones, debido al elevado volumen, él y otros entraban y apagaban el televisor). También adujo el letrado que el procesado negó haberle pedido a F. que le vendiese joyas robadas a la víctima: que eso se quedó en la palabra de uno contra la del otro.

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