El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha destacado los "importantes avances" que en materia de lucha contra el fraude se han registrado en el actual año 2013 en la provincia de Cádiz por los distintos organismos e instituciones dependientes de la Administración Central del Estado. 

  Así lo ha manifestado en el transcurso de la reunión de la Comisión Provincial Antifraude, celebrada este miércoles en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Se trata de un órgano de supervisión en el que se analizan actuaciones conjuntas y se proponen futuras medidas a realizar, no sólo entre los propios órganos públicos, sino con otros organismos, administraciones públicas y colectivos profesionales, de modo que "el contribuyente pueda tener plena tranquilidad de que los organismos públicos estatales están permanentemente alertados contra el defraudador". 

  Como novedad, se ha incorporado la Diputación Provincial de Cádiz que, en palabras de De Torre, "va a aportar toda la información necesaria para que los otros componentes de la Comisión puedan tener conocimiento de sus bases de datos que, respetando lógicamente la confidencialidad de los datos de las personas físicas. De esta manera, se incremente la información que recibe la Administración General del Estado y viceversa, ya que la Diputación también tendrá acceso a otros datos". 

  En la reunión, se ha expuesto la "importante labor conjunta" que organismos del Estado como Inspección de Trabajo, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Agencia Tributaria, Hacienda, Catastro, Instituto Social de la Marina, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Dependencia de Trabajo y Extranjería, Sepee y la Fiscalía vienen llevando a cabo.  

  Ha significado que el Cuerpo Nacional de Policía y la Inspección de Trabajo han llevado a cabo actuaciones contra el fraude en hospederías, bazares y clubes de alterne, destacando que se han detectado 90 casos de explotación laboral sólo en lo que se lleva de año, frente a los 31 que se detectaron en el mismo periodo en 2012.  

  Además, gracias a la implantación de la Udyco-Bahía, en unión a la Fiscalía Provincial, se está actuando en fraudes en el caso de impuesto de sociedades, falsificaciones documentales, investigaciones patrimoniales, blanqueo de capitales asociadas a operaciones contra el narcotráfico y actividades económicas ficticias, entre otras modalidades delictivas en las que se viene actuando. 

  Por su parte, la Inspección de Trabajo viene realizando actuaciones conjuntas con Policía Nacional, Guardia Civil, Agencia Tributaria, Fiscalía o el Instituto Social de la Marina. De momento, parte de estas actuaciones de la Inspección de Trabajo han representado en materia de Seguridad Social 4.742 intervenciones en lo que se lleva de año; que en materia de economía irregular han supuesto 694 infracciones en prestaciones por desempleo y otras 385 de ausencia de altas. Estas intervenciones han representado que se hayan producido, bien de oficio o de modo inducido, un total de 1.229 nuevas altas a la Seguridad Social. 

  Ha aludido también al trabajo conjunto que la Tesorería General de la Seguridad Social en este campo se viene centrando en casos de empresas ficticias, sin actividad real, que simulan la contratación de trabajadores; casos de empresas con alguna actividad económica real; y la utilización de nombre y códigos de empresas cerradas, simulando el reinicio de la actividad y la contratación de trabajadores, incluso contando con el conocimiento de sus representantes. 

  La Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz destaca actuaciones contra el fraude alimentario en colaboración con veterinarios del Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía; intervenciones en plantas de hormigón en el sector del mármol y en casos de fraude en la gestión de residuos; apuestas ilegales, o talleres ilegales. 

  Resalta, por otro lado, los resultados obtenidos en la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, cuya cercanía con Gibraltar provoca un aumento del contrabando de tabaco que se está viendo agravado y que perjudica en gran medida a los estanqueros, con los que tanto el subdelegado del Gobierno en Cádiz como la Delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ya se han reunido en varias ocasiones. 

  Por su parte, desde la Delegación Territorial de Economía y Hacienda, encargada además del Catastro en la provincia, se trabaja contra el fraude a través de varios equipos en colaboración con otras entidades públicas. Esta colaboración ha permitido llevar a cabo en este año 1.708 actuaciones, con un valor catastral a descubrir de 68.149.200 euros. Además, de los 44 municipios gaditanos, hay convenio de colaboración con la mayoría, abordando casos de regularización, planificación y actuaciones en materia de legalización catastral. 

  La Agencia Tributaria mantiene "contacto permanente" para suministrar y recibir información con otros organismos como Fiscalía, Inspección de Trabajo, Sepee o INSS, además de mantener reuniones periódicas, dentro de las indicaciones de la Comisión Provincial Antifraude, con colectivos sociales.