De un día para otro, a dos semanas de acabar las clases, menores inmigrantes que se encontraban finalizando el curso tanto en el Centro de Educación Permanente Blas Infante como en el IES Alminares de Arcos han desaparecido de sus aulas. Eso denuncian en un escrito profesores de los centros afectados, según comunicado de Ustea Educación. La desescolarización de estos menores y su traslado se han producido -denuncian- sin aviso por parte de la administración. El sindicato apunta que, tras esta medida, podría estar el cierre del SAMU Arcos de la Frontera.
Los alumnos llevaban escolarizados desde enero y habían invertido "tiempo y esfuerzo por aprender el idioma y adaptarse a la nueva cultura, con comportamiento óptimo y respeto hacia la comunidad educativa", afirma el claustro del Blas Infante en su texto de protesta ante el futuro incierto al que se condena a estos menores, "al ser repartidos por distintos puntos de la comunidad andaluza sin tener en cuenta sus procesos formativos, ni el desarraigo que supone la separación tras los lazos de convivencia e integración creados a lo largo de los últimos meses".
El sindicato señala también que ha recibido quejas de casos similares en otros centros educativos de la Sierra: los IES Francisco Fatou, Los Remedios y Las Cumbres de Ubrique también han visto desaparecer a alumnos inmigrantes, procedentes del albergue de menores de El Castillejo (El Bosque), de un día para otro y sin previo aviso.
La Delegación de Educación explica que el pasado 12 de junio llegaba a su fin un concierto de 500 plazas de emergencia social que había puesto en marcha el anterior gobierno. Los menores acogidos a este concierto pasarían a formar parte de las 1200 plazas destinadas a atención social que la nueva administración dispondrá por toda Andalucía, "y que pretenden dar a estos menores una cierta estabilidad, frente a las actuales condiciones de emergencia". "Además -continúan-, desde la Junta se pretende desarrollar un plan de contingencia que dé respuesta a estas nuevas necesidades, que asegure que todo menor que llega va a ser atendido y que las plazas de acogida den amparo hasta la mayoría de edad".
El destino de estas plazas, una vez se cierran, no puede ser comunicado por propia seguridad de los menores, recuerdan desde la administración. Sin embargo, se afirma que sí que la decisión se comunicó a la jefa de estudios y a la dirección, al tiempo que se insiste en que los chicos seguirán escolarizados.
El otoño pasado, la asociación presentó una queja al Defensor del Pueblo Andaluz por la mal gestión de la empresa ANIDE en dos de las residencias en convenio en Jerez con la Consejería de Igualdad de Andalucía. Además de los niveles de "descuido y dejación" que habían constatado, denunciaban la no escolarización de los mismos: "Hubo que manifestarse, presionar... y sólo así lo conseguimos".
Cuevas también apunta que, aunque esta dispersión se deba a una reorganización a nivel andaluz de los centros de acogida, "no es de recibo que no avisen y que los chicos sean víctimas de una mala gestión. Los mismos afectados, los chicos, serían quienes tendrían que poner una queja pero claro, ellos no ni siquiera conocen lo suficientemente el idioma para hacerlo".
Para Ustea-Cádiz Educación este tipo de medidas son una "atrocidad, que condena al desarraigo y la marginalidad a decenas de jóvenes que estaban reconduciendo sus vidas, tras haberlas arriesgado cruzando el Estrecho en busca de una nueva oportunidad".
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