Provincia de Cádiz

El abogado del Estado dice que Rodríguez de Castro desoyó sus consejos

  • Asegura que incluyó cláusulas en el contrato con Miami Free Zone que no se asemejaban a sus indicaciones Sobre Miguel Osuna asegura que consintió "dar por bueno lo que no era bueno"

"¿A su juicio qué es lo que hizo indebidamente Miguel Osuna?". La pregunta la formula Felipe Meléndez, el abogado de este delegado del Estado en la Zona Franca y acusado en el caso Rilco al abogado del Estado y uno de los redactores de la querella que ha llevado a esta vista, Manuel Ponce, después de varias horas de declaración: "El como delegado del Estado debía controlar y ser garante de los fondos públicos". En este sentido, añadió que pese a que "tuvo conocimiento" de que había dos contratos "uno vacío de prestaciones", seguramente refiriéndose al de Miami Free Zone, "y el otro que rellenaba al anterior", el llamado Rilco 2 y que cubrió Telvent, "no lo enmienda, paga los dos contratos y consiente que se dé por bueno lo que no era bueno. Eso es una actividad delictiva".

El de ayer fue un juicio en el que destacó el duelo entre el letrado de Miguel Osuna y el abogado del Estado, que se prolongó durante horas.

Ponce respondió con un categórico "no es cierto" que Miguel Osuna le consultara a él o a l otro abogado del Estado, José Aurelio Ruiz Piña, que ejerce la acusación en representación de la Zona Franca en el juicio, acerca de la posibilidad de que se pudieran estar produciendo irregularidades en Rilco.

Es más el abogado del Estado reconoció que tampoco podía avisar a Osuna de posibles irregularidades cuando tomó posesión de su cargo porque tenían la impresión de que era un proyecto que "se desarrollaba sin problema", ya que sólo les pedían "asesoramiento puntual". Curiosamente, Manuel Ponce asegura que de todos los problemas de Rilco "nos enteramos después".

Uno de los temas que puso en duda Manuel Ponce fue el de la cuenta mancomunada que se abrió en el BBVA para meter el dinero con el que se tenía que pagar a Miami Free Zone mientras que no se diera por cumplido el contrato. Cabe recordar que la cuenta estaba a nombre de Miami Free Zone y tenía como apoderados al propio Miguel Osuna y a Rafael Ortiz, director general de Rilco. Según había dicho Osuna se habían basado en una experiencia anterior con una operación en Las Salinas de El Puerto.

Ponce declaró ayer en la Sala que "no tenía seguridad ninguna ya que Miami Free Zone podría haber quitado a esos dos apoderados, nombrar a otros dos distintos y sacar todo el dinero". Así, en la operación de El Puerto, la titularidad de la cuenta estaba a nombre del Consorcio.

Uno de las primeras sorpresas se la llevaron cuando por ejemplo, con el anterior delegado de la Zona Franca, Manuel Rodríguez de Castro. así calificó de "ilegal" la modificación que propuso éste en el contrato con Miami Free Zone sobre la ampliación del pago al inicio de los trabajos para acopio de materiales del 10 al 15% del importe total y también por el tema de la subcontratación.

Ponce señaló que fue el asesor interno jurídico de la Zona Franca, Pablo del Río, el que le hizo la consulta. Tanto uno como otro entendían que su consulta había sido aceptada y se había incluido en el contrato y no pidieron el contrato final para comprobarlo porque las funciones de la Abogacía del Estado "no son de órgano fiscalizador, sino asesor". De este modo, dijo que no se hicieron las comprobaciones expresas porque tenían "confianza" en que el entonces delegado asumía lo que le decían sus asesores y hasta ahora no había habido problemas con Rilco.

El letrado del Estado recordó que en la declaración que hizo Pablo del Río durante la instrucción fue cuando descubrieron que el contrato que se había firmado era distinto al del borrador que se entregó.

Manuel Rodríguez de Castro dijo que le habían robado documentación de su despacho, entre ellas las certificaciones de as entregas por parte de Miami Free Zone. Ponce considera que "todo puede ser posible" pero restó verosimilitud a esta versión porque dijo que desconocía de su existencia "y la seguridad de la Zona Franca es un recinto cerrado y custodiado por la Guardia Civil".

Por último, el juez rechazó que se hiciera un careo entre el testigo y Manuel Rodríguez de Castro, porque no procede en este momento procesal.

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