Ayer fue la segunda jornada del juicio por el crimen de Arriate. El juzgado que dirime el asesinato de María Esther Jiménez dispuso el alejamiento del pueblo del menor acusado de su muerte y su paso a un piso tutelado en el que tendrá libertad restringida. La decisión fue adoptada por el Juzgado de Menores número 1 debido a que justamente ayer vencía el plazo de internamiento de nueve meses, que es el tope que marca la legislación.

Su defensa pretendía que quedara en libertad, mientras que la acusación particular y la Fiscalía coincidieron en pedir su cambio a un piso tutelado. Finalmente el juez se decantó por esta medida cautelar que se aplicará al menor R.V.R., de 17 años, hasta que se dicte sentencia. El auto judicial justifica este régimen "semiabierto" -según la defensa- o de "libertad restringida" -según la acusación- en la gravedad del delito y en la pena solicitada (la Fiscalía y la acusación particular piden que el acusado sea condenado a ocho años de internamiento y luego a cinco de libertad vigilada). La medida acordada ayer supone que el menor permanecerá en un piso tutelado controlado por su personal las 24 horas hasta que se produzca el fallo.

El abogado del joven, Andrés Gálvez, avanzó que recurrirá la decisión primero ante el propio Juzgado y después ante la Audiencia Provincial. El letrado también criticó la prohibición de acercarse al pueblo impuesta por el juez al menor. "No está condenado y debe respetarse la presunción de inocencia", dijo. Es más, vino a decir que la medida es excesiva y que si el problema es la Ley del Menor, "que se modifique la ley". Tras la maratoniana jornada de ayer que duró ocho horas y dos sesiones en la que han pasado casi 40 testigos, cada parte valoró el transcurso del juicio a su manera. Gálvez dijo que "en claro no hay nada". La estrategia de la defensa es defender la inocencia de R. V. R. y sembrar dudas sobre su presunta responsabilidad en el crimen.

Para la abogada de la acusación particular, en cambio, "cada vez la condena está más cerca". Por tratarse de un juicio contra un menor, se celebra a puerta cerrada. No obstante, trascendió que algunos de los adolescentes que han testificado negaron que el menor acusado revolviera unas piedras que había en la caseta -donde fue hallado el cadáver de la niña de 13 años- para esconder unos ordenadores robados. María Esther habría sido asesinada con una piedra en la que aparece el ADN del acusado. Los menores que robaron los ordenadores admitieron el delito y que los escondieron allí, pero habrían declarado que R.V.R. no participó en el robo y que ellos nunca tocaron las piedras. Según algunas filtraciones, el acusado -que conocía los hechos- se habría autoinculpado en el robo para justificar la presencia de su ADN en la caseta y exculparse así del asesinato. Otro de los testigos habría declarado que el acusado le dijo que alguna vez quería coger a una niña, violarla y dejarla tirada por ahí. Ese testigo padece esquizofrenia. La defensa restó credibilidad a su testimonio porque está legalmente incapacitado.

La familia de la víctima es originaria de Paterna. El padre, Juan Jiménez, insistió ayer en que "toda la condena que le echen es poca porque mi hija no va a salir más del cementerio".

Hoy declaran los guardias civiles que investigaron el caso. Aunque el juicio debía concluir en esta jornada, finalmente tendrá que continuar el lunes. Ese día las partes expondrán sus informes y conclusiones, tras lo que quedará visto para sentencia.