Seis personas acusadas de introducir más de 400 kilos de cocaína camuflada en contenedores de fruta y cacao a través del puerto de Algeciras se han declarado inocentes ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra 

El Ministerio Fiscal solicita penas de entre diez años y medio de cárcel y quince años de prisión para los seis acusados, que han pedido la nulidad de las investigaciones llevadas a cabo en esta causa.

Inicialmente eran ocho las personas investigadas, pero una de ellas está fugada y la otra falleció. Se trata del vilanovés condenado en la operación Nécora, Luciano ‘Chano’ Núñez, conocido también como Lucky Luciano. La Fiscalía le sitúa como líder de esta trama que pretendía establecer “una vía estable de entrada de droga por el puerto de Algeciras”.

Para ello, contactó con un agente de la Guardia Civil en esa terminal, al que pagaron 10.000 euros para que facilitase la entrada de los contenedores con la droga. Sin embargo el guardia civil informó de todo a sus superiores y fue habilitado para actuar como agente encubierto al servicio de la investigación policial.

La Fiscalía acusa a los procesados de formar parte de “un conjunto de individuos estructurado merced a las relaciones personales y medios materiales dispuestos por ellos”, que tenía como “finalidad última y exclusiva” la introducción en España de distintas partidas de drogas y estupefacientes, principalmente cocaína, “para su comercialización lucrativa en el mercado ilícito”.

Apunta el Ministerio Público que los acusados “contaban con un esquema de actuación estable, jerarquizado y con un preciso reparto de funciones y cometidos, todo ello encaminado al objetivo de desarrollar una actividad sostenida de venta de sustancias ilícitas, siendo todos conscientes del daño que para la salud pública se generaba con su actividad”.

La primera sesión del juicio, celebrada ayer, la ocuparon los abogados de la defensa en plantear las cuestiones previas al inicio de la vista oral que, como suele ser habitual en los juicios por narcotráfico, alegaron la vulneración de los derechos fundamentales de los encausados, especialmente el derecho de defensa.

Así, los letrados apelaron a la vulneración de la tutela judicial efectiva, entre otras razones, por haberles sido negado el acceso a las bases de datos policiales. Llegaron incluso a acusar al Ministerio Fiscal de generar una “ficción absoluta” respecto a la existencia de una agrupación criminal.