La llamaron inexperta, lo más suave, cuando interpuso la reclamación patrimonial para que se reconociera la injusticia cometida con Ricardi. Antonia Alba, la abogada que llevó gratuitamente la defensa del portuense y logró que su caso fuera revisado y el Supremo revocara su sentencia, no ocultaba ayer su satisfacción por la sentencia de la Audiencia Nacional que eleva a un millón de euros la cantidad que debe percibir de indemnización. Alba, que ha librado esta última batalla con los letrados Valderrama y Jiménez, confiesa que le sabe a poco. Ellos reclamaban 10 millones. A Ricardi le dieron 120 euros por día de cárcel. Ahora, percibirá 216 euros, casi lo mismo que cobró Dolores Vázquez, acusada injustamente del crimen de Rocío Wanninkhof. Pero que en el caso de Ricardi, por el enorme tiempo pasado en la cárcel, supone una de las mayores indemnizaciones dadas en España a un condenado por error.

La abogada, que aún no ha discutido con sus compañeros si recurrirán o no (Ricardi ya dice que se conforma), confía en que su caso se convierta en un antes y un después. Un aldabonazo a la conciencia de todos. Que su sufrimiento no se quede en un asunto traducible en términos económicos sino que sirva para restituir su honor y "fundamentalmente, para que todos, operadores jurídicos, fuerzas y cuerpos de seguridad, medios de comunicación y la sociedad en general reflexionemos sobre la importancia del principio de presunción de inocencia y el derecho de todos a un juicio justo y a que nadie sea condenado si no queda acreditada su culpabilidad".

A Ricardi le condenaron por un ADN que no se podía descartar que fuera suyo y por la identificación que hizo la víctima de un violador encapuchado con "un ojo a la virulé". La Policía sólo le enseñó la foto de un toxicómano con estrabismo, Ricardi, junto a otros sin problemas de vista. Ella dijo que era él. Eso fue en 1995. En el 2000, un informe de Toxicología rechazó que el ADN fuera suyo. Pero ni Audiencia ni Fiscalía ni su abogado de entonces movió un dedo para revisar su caso hasta que en 2008 la Policía admitió públicamente el error.