Provincia de Cádiz

6 años a dos pilotos de una patera con 56 ocupantes, 4 de ellos niños

  • La Audiencia Provincial juzgará la próxima semana a otros dos acusados de patronear una lancha también interceptada en 2008 con 40 inmigrantes a bordo

Dos pilotos de una patera que arribó el pasado agosto a la playa de Camposoto, en San Fernando, con 56 inmigrantes a bordo, entre ellos dos embarazadas y cuatro menores, aceptaron ayer en la Audiencia Provincial de Cádiz seis años de prisión para cada uno por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Los procesados, Abdelali Benimusam y Khalid Hamedka, de nacionalidad marroquí, llevan casi diez meses encarcelados. La condena con la que se han conformado los mantendrá en prisión unos tres años y medio más.

El juicio iba a celebrarse ayer en la Sección Cuarta pero el abogado de los acusados acordó con la fiscal la pena de seis años (la Fiscalía pedía en principio ocho) y no fue necesario más que confirmar que los procesados estaban de acuerdo con el pacto. Lo acusados fueron conducidos a la sala de vistas, esposados uno a otro, el presidente del tribunal, ayudado por un intérprete, les preguntó si se conformaban con la pena, ellos dijeron que sí y luego regresaron al calabozo custodiados por dos policías.

La patera que pilotaban arribó la madrugada del 19 de agosto de 2008 a Camposoto. En la embarcación neumática viajaban 11 mujeres subsaharianas. El escrito de calificación del fiscal afirma que el viaje puso en peligro la vida de los 56 ocupantes de la embarcación dado el mal estado de la mar, la configuración de la lancha, con un solo motor, y la ausencia de cualquier medida de seguridad como chalecos salvavidas y fuentes de iluminación.

Otros dos procesados, también marroquíes, comparecerán la próxima semana en la Audiencia como acusados de pilotar otra patera que fue interceptada frente a la costa de Barbate el pasado 6 de septiembre. La lancha llevaba a bordo a unos cuarenta inmigrantes de nacionalidad marroquí.

El fiscal solicita para cada uno de los acusados siete años y medio de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El escrito de calificación relata que los inmigrantes pagaron mil euros por persona por cruzar el Estrecho en una embarcación que carecía de toda medida de seguridad.

La lancha no tenía señalización luminosa para emergencias, varios ocupantes no disponían de chalecos salvavidas y no tenían ni alimentos ni bebidas pese a que el viaje podía durar más de veinticuatro horas, lo que supuso un grave riesgo para la vida y la integridad física de todos ellos, anota el fiscal.

La embarcación partió de la localidad marroquí de Monali Bouslam y fue interceptada en aguas territoriales españolas por una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

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