La cancelación y posterior rectificación de la operación de venta de bombas a Arabia Saudí para así salvar el contrato de las corbetas de Navantia promete traerle más quebraderos de cabeza al Gobierno de Pedro Sánchez. La ministra de Defensa, Margarita Robles, deberá dar explicaciones mañana en el Congreso contestando a la pegunta del diputado popular Ricardo Tarno. La pregunta es: "¿Es consciente la ministra de que solo acierta cuando rectifica?".

Se tratará de la primera vez que Robles dé explicaciones públicas sobre esta polémica después de que el Gobierno haya confirmado que la venta se llevará a cabo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó en una entrevista en La Sexta que habían adoptado esta decisión priorizando la necesidad de mantener las relaciones económicas y comerciales con Arabia Saudí y garantizar los puestos de trabajo a la Bahía de Cádiz y a la empresa Navantia. Sánchez dijo que Robles no vio el impacto que podría tener para el conjunto de las relaciones económicas entre España y Arabia Saudí.

Esta declaración generó ayer un nuevo revuelo. El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, consideró que la actuación del Ejecutivo socialista en la venta de bombas a Arabia Saudí está "rozando el esperpento. No se puede decir una cosa y la contraria, hasta el punto de intentar convencer a los ciudadanos de que las bombas que vende España no matan a nadie".

En una entrevista en La Sexta, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reconoció que la ministra Margarita Robles no vio el impacto que podría tener para el conjunto de las relaciones económicas entre España y Arabia Saudí la decisión de paralizar la entrega de 400 bombas de guiado láser por el temor de que pudieran usarse en la guerra de Yemen.

Desde Podemos también fueron contundentes. La diputada por Cádiz, Noelia Vera, se refirió al asunto y pidió abiertamente que no haga negocios con Arabia Saudí. "La ley de comercio de armas impide que se vendan armas a países en los que hay un conflicto", explicó Vera, quien señaló que el Ejecutivo se ha de asegurar "cuál va a ser la finalidad, de a dónde va a llegar y de cómo se van a usar los productos que se venden".

En su opinión, las decisiones que tome el Ministerio de Defensa en materia de comercio de armas se deben regir por el derecho internacional, "que está ahí y que también hay que cumplir. Hay que respetar los derechos humanos y no mirar para otro lado".

En este contexto, Vera lamentó que Sánchez justifique la decisión de cumplir con el contrato para asegurar los puestos de trabajo en Navantia. A su juicio, el PSOE le ha dado "la espalda" a Cádiz durante muchos años y esta preocupación actual solo es partidista.

Sin embargo, Pablo Iglesias se mostró algo más comprensivo. Al menos con José María González, el alcalde de Cádiz de Podemos y aunque dijo que "España no debe vender armas a una dictadura" y defendió "un plan de carga de trabajo estratégico para los astilleros que no se fundamente en la venta de armas", pero entendió que González "tenga que decir cosas que antes no decía".

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también entró en la refriega y también se refirió al alcalde de Cádiz: "Este debate en el seno del Gobierno viene propiciado por parte de Podemos, no nos engañemos. Estas ideas de romper contratos vienen de Podemos, precisamente cuando el alcalde de Cádiz está encantado con lo que vende Navantia".

Dentro del mismo PSOE hay desconcierto. Varios medios, entre ellos Diario de Cádiz, han ido narrando el papel fundamental en la resolución del caso que tuvo el papel de asesoramiento de la Junta al comité y a los trabajadores de Navantia, algo que no ha sido ningún secreto prácticamente desde el minuto uno. Sin embargo, el portavoz de la ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, prefería no asumir la evidencia y ayer aseguró que "sinceramente no creo" que la presidenta andaluza, Susana Díaz, azuzara la crisis de Navantia y expresó su respaldo a la decisión del presidente Pedro Sánchez de priorizar los intereses de los trabajadores del astillero. El presidente ha "tomado la decisión que ha creído mejor para su país y su ciudadanía, una decisión complicada, con intereses contrapuestos muy delicados, pero que es la correcta".

La Junta tuvo conocimiento por el comité de que el anuncio de Defensa de rescindir el contrato estaba poniendo en peligro el encargo de las corbetas y durante toda la semana estuvieron en permanente contacto para que cada uno presionara desde su posición. Incluso fuentes de los trabajadores, que tuvieron conocimiento de la mediación del actual monarca y del Rey emérito, han reconocido que la Junta les pidió que las protestas fueran de baja intensidad.