Provincia de Cádiz

Un brindis al viento

  • La propuesta de Navantia de vincular su futuro en construcción civil a la energía eólica marina choca con la débil y lenta apuesta del Gobierno por el desarrollo de este sector

La época de los grandes gaseros y petroleros en el dique de Matagorda parece haber pasado a la historia. Al menos, de momento y mientras los mercados no digan lo contrario. La reciente visita a Cádiz del presidente de Navantia, Aurelio Martínez, ha dejado algo más que cercanía entre los diferentes ámbitos administrativos de la empresa y la clase política, ha dejado realidades sobre la mesa.

Después de un año y medio en el cargo, y llegado desde la Presidencia del ICO (Instituto de Crédito Oficial), Martínez lo tiene claro: los astilleros no son competitivos en la producción de barcos civiles de bajo valor añadido, de poca tecnología. Por eso, como quedó de manifiesto durante las jornadas que organizó la Cámara de Comercio, tienen que apostar por productos que sean difíciles de hacer, que requieran una gran ingeniería y una mano de obra cualificada. Sólo así podrán competir con sueldos de 200 dólares al mes.

En este punto, Navantia ha pasado del rumor a la certeza: el futuro de muchos de estos astilleros vinculados históricamente a la construcción civil pasa por una nueva industria, la de plataformas offshore para sostener aerogeneradores marinos. La energía eólica parece ahora como la principal alternativa, dando por sentado que la construcción militar será la primera opción en los próximos años.

Sin embargo, esta estrategia plantea incertidumbres, sobre todo en la provincia de Cádiz. Una de ellas es que, si se materializa esta opción, Navantia tendrá que competir en el mercado de la construcción de estas estructuras con la fábrica puertorrealeña de Dragados Offshore. Históricamente, desde esa factoría cercana a los astilleros han salido los proyectos de ingeniería más modernos y de mayor capacidad. La pugna por los contratos obligará a una verdadera apuesta por la innovación desde este mismo instante, en un sector de alcance internacional donde los desarrollos tecnológicos están aún en estado embrionario pero avanzan a gran velocidad.

El otro inconveniente para la apuesta de Navantia está en el propio país. Aunque Aurelio Martínez subraya el futuro de la eólica marina española, la realidad demuestra que es un sector de incierto desarrollo en el país.

Hasta el momento, el Gobierno ha dado pocos pasos y muy lentos en la regulación de esta industria. Los primeros se produjeron en 2007, después de todo un decenio sin avances de ningún tipo pese a la presión empresarial. En julio de aquel año, la Administración aprobó el Real Decreto 1028/2007, que enumeró los procesos administrativos que deben superar los planes de complejos eólicos en el mar. Y en diciembre, publicó la Evaluación Ambiental Estratégica del Litoral para la Instalación de Parques Eólicos Marinos. Este informe descartó los aerogeneradores a menos de 8 kilómetros de la costa y clasificó las zonas que reúnen condiciones favorables para su explotación.

Sobre el papel, el camino está trazado, pero la realidad política desvela una paralización absoluta del sector. Todos los plazos ofrecidos por los responsables de Industria se han vencido, para desesperación de los gigantes energéticos, que han denunciado en numerosas ocasiones como España está quedando rezagada en la carrera por la explotación de este recurso energético con respecto a las potencias europeas (Alemania, Noruega, Dinamarca y Reino Unido).

Las previsiones más optimistas sitúan la instalación de los primeros parques marinos en España en 2016. Aunque es una herramienta necesaria para alcanzar el objetivo del 20/20 (20% del mix energético basado en renovables en 2020), el Gobierno no ha apostado con claridad por ella. Finaliza 2010 y no hay avances, no hay realidades.

Si el desarrollo de la industria off-shore es incierto en el país, aún más lo es en la provincia de Cádiz. La costa gaditana fue declarada en la Evaluación Estratégica Ambiental como zona apta con condicionantes ambientales para la instalación de aerogeneradores. Cada proyecto sería estudiado de forma pormenorizada. Sin embargo, en los dos emplazamientos elegidos por las promotoras, Trafalgar y Chipiona, se han producido conflictos sociales que dificultan cualquier desarrollo. Plataformas sociales, primero en La Janda, y después (y con menor fortaleza) en la Costa Noroeste, han expresado su rotunda oposición a la instalación de turbinas en la costa y han enturbiado cualquier posible avance.

Las empresas Acciona, Iberdrola y Capital Energy han presentado proyectos para Trafalgar en el proceso de concurrencia abierto por el Gobierno, aunque los retrasos acumulados y los cambios en el panorama energético ponen en tela de juicio que estas compañías mantengan hoy su interés.

Más recientemente, las firmas Bogaris y Magtel han presentado proyectos para la Costa Noroeste. El de Magtel, el más avanzado, ha quedado muy tocado este verano tras la disolución de la sociedad promotora Las Cruces del Mar y la desvinculación del proyecto por parte del Ayuntamiento de Chipiona. Magtel sostiene que su plan seguirá adelante con apoyos supramunicipales, pero, de momento, no hay certezas sobre su futuro.

Quizás el mayor problema de la energía eólica marina en el país es que sus costas son muy profundas debido al pequeño tamaño de la plataforma continental. Los parques tienen que instalarse en ubicaciones próximas a la costa y, por tanto, ven incrementado su impacto visual y las reticencias vecinales, como ha ocurrido en Cádiz. Hay una solución a este problema: el desarrollo de aerogeneradores flotantes, tecnología en la que Navantia podría tener oportunidades de desarrollo a largo plazo.

Las primeras iniciativas basadas en esta tecnología están en pruebas. El gigante noruego Statoil experimenta desde 2009 con un molino flotante de 2,3 megavatios instalado a 12 kilómetros de la costa noroeste del país nórdico. Es la punta de lanza de un desarrollo tecnológico que introduce relevantes ventajas con respecto a las explotaciones actuales: los parques podrán instalarse en aguas profundas, donde el viento es más fuerte y constante; emplazamientos de alta mar en los que los molinos serán imperceptibles desde la costa y los impactos se reducirán al mínimo.

Un sistema flotante basado en la experiencia de plataformas gasísticas y petrolíferas permitiría a los parques eólicos operar en emplazamientos con profundidades superiores a los 60 metros. Esta cota impide hasta la fecha la explotación comercial. Es la que se da, por ejemplo, a unos 40 kilómetros de la costa de Trafalgar.

Los molinos flotantes se enfrentan a dificultades técnicas y económicas (deben ser rentables) cuya resolución requerirá muchos años de trabajo. Por eso los expertos del sector insisten en que se trata de una promesa tecnológica que España debe liderar y subrayan que el ritmo de desarrollo óptimo del sector pasa ahora por que el país instale sus primeros parques en emplazamientos costeros disponibles.

2016

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