Mucho se ha escrito sobre el futuro desarrollo del polígono de Las Aletas de Puerto Real y sobre las muchas ventajas y beneficios que proporcionará este enclave llamado a ser un revulsivo industrial y tecnológico y gran generador de empleo para la Bahía de Cádiz. Hasta el momento todo ello sólo supone una mera declaración de intenciones institucional por parte de las administraciones implicadas, según lo entienden una decena de familias que residían en la zona y cuyas propiedades fueron expropiadas de manera forzosa a inicios de 2007. Les pagaron 18 euros por metro cuadrado, de manera que cobraron entre 15.000 y 20.000 euros.

Miguel Jaén y Luis Moreno forman parte del grupo de pequeños propietarios de la zona de Molino de Goyena. Ambos reclaman que la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes, que por entonces ya encabezaba Pablo Lorenzo, cumpla con el acuerdo suscrito con los ex vecinos de la zona. El acuerdo -según relatan- suponía que la Administración autonómica se comprometía a ofrecerles una vivienda protegida en régimen de venta en la actuación que promueve la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) en el polígono II-C de Casines.

Como medida provisional y a la espera de que dichos inmuebles se construyeran, se facilitó a los afectados una vivienda en régimen de alquiler. Pasado el tiempo, dicha promoción se encuentra parada, cuando hace seis meses que debían de estar entregadas. Pero desde finales del pasado año, la Administración autonómica dejó de satisfacer el importe del alquiler, por lo que las familias afectadas deben de hacer frente ahora a este gasto.

Ante esta situación, tanto Miguel como Luis son exponentes de la "indignación" generalizada que sufren en estos momentos las familias que hace dos años tuvieron que dejar su domicilio habitual a causa del Plan Especial de Las Aletas elaborado por la Junta de Andalucía.

Ambos no dudan en afirmar que "nos sentimos totalmente engañados y manipulados por parte tanto de la Junta como del PSOE, que en aquellos momentos nos vendieron el acuerdo como una buena salida y al cabo del tiempo nos encontramos totalmente desamparados". "Sin comerlo ni beberlo, sin ser los culpables de que las viviendas no se hayan realizado, estamos pagando las consecuencias", añaden. Asimismo, apuntan que "la mayoría de las familias, que somos todas muy humildes, estamos alojándonos en casa de familiares. A otras no les queda más remedio que recurrir al alquiler, con los gastos que supone".

Respecto a las explicaciones dadas por la Administración autonómica, los afectados reseñan que "dicen que la culpa no es de ellos, que es problema de la constructora, que se ha quitado de en medio, pero tampoco nos dan una alternativa. No sabemos por qué dicha empresa se fue. Lo que está claro es que nos están dando capotazos y, como se suele decir, la casa sigue sin barrer".

Estas familias confiesan el sentimiento de "indefensión" que arrastran. "Como nosotros no tenemos los medios suficientes para costearnos unos buenos abogados con el fin de que se haga prevalecer el acuerdo firmado, dependemos del todo de la buena voluntad de la administración, que en este caso, la verdad, brilla por su ausencia", lamentaron.