Provincia de Cádiz

Una celebración convertida en llamada de auxilio

  • Upace realiza una concentración ante las puertas del centro de Santo Entierro para reclamar el apoyo económico de las administraciones

No es cuestión de retrasos. De que el dinero tarde en llegar, que también. Sino de que el precipicio se encuentre demasiado cerca, y el final se sienta. Así viven desde hace unos meses las entidades de ayuda mutua, en vilo, expectantes por el futuro que les espera, especialmente por las consecuencias para quienes atienden, para quienes hacen la vida más fácil, más justa. El rumbo tomado por las políticas de las administraciones las aboca a su muerte, y con ella el adiós a los derechos que estos colectivos habían logrado gracias a la legislación que los amparaba. Gracias a la conciencia que ahora se extingue. Lo hace con el recorte del 46% de la partida de los Presupuestos Generales del Estado para la Ley de Autonomía y Dependencia, datos que ofrece el director de la Unión de Parálisis Cerebral (Upace) de San Fernando, José Manuel Porras. La única esperanza viva, por el momento, son los presupuestos que debe elaborar la Junta de Andalucía. Un nuevo varapalo sería terrible, por eso el grito de socorro que ayer realizó Aspace (la confederación española que aglutina a 73 entidades locales vinculadas a la atención a la parálisis cerebral) en la celebración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. En La Isla se encargó la escritora Adelaida Bordés, que leyó el manifiesto ante las personas con parálisis cerebral, familiares, profesionales y voluntarios de la entidad isleña.

"La vida plena y digna de las personas con parálisis cerebral, pese a estas dificultades, no es posible sin el apoyo de las administraciones públicas", decía el texto compartido por todas las asociaciones de Aspace. La austeridad, defendía, no puede mermar la atención, no puede ahogar a la red asociativa, ni cargar más a las familias.

La parálisis cerebral afecta en el mundo a una de cada 500 personas. "Una de cada 500 personas tenemos parálisis cerebral", apuntaba exactamente el manifiesto. Eso hace que en España sean 120.000 personas, a lo que hay que sumar sus familiares y los profesionales que se encargan de su atención, afectados por tanto de manera indirecta. Eso quiere decir que en el mundo, según los datos del texto, 350 millones de personas tienen relación de una u otra forma con la parálisis cerebral. "La discapacidad motórica más común en la infancia", añadía, que hace que una de cada cuatro personas no hable, que una de cada tres no ande, que una de cada cuatro tenga epilepsia. Ahora cuenta con atención temprana en los primeros años, pasando por la escuela hasta estar en algunos casos en la residencia, que cubren sus necesidades de educación, empleo, centro de adultos, deporte adaptado y ocio. Por eso no pueden sufrir, sostienen, una regresión a modelos generalistas cuando se miraba más cuántas personas eran atendidas que la atención de calidad. Para evitarlos es necesario, concluía el discurso Adelaida Bordés, "el conocimiento y la aceptación de las diferencias que tenemos las personas con parálisis cerebral".

José Manuel Porras pone sobre la mesa algunas propuestas para poder dotar económicamente estas políticas en favor de los colectivos de personas con discapacidad. Se habló, en su momento, de coger parte del dinero destinado a formación profesional de la Seguridad Social, pero los sindicatos y la patronal se negaron. "Nos enteramos tarde", reconoce. Pero hay otras fórmulas, insiste. "Hace falta voluntad política", matiza. Que se coja una parte del IVA, de los impuestos especiales y de la Lotería. "El Gobierno ya usó 9.000 millones de euros de la Lotería para cuadrar el déficit", señala el director de Upace. Por eso considera que es posible ahora para evitar que los recortes previstos para la Ley de Autonomía y Dependencia consigan cargársela.

La otra vertiente es que la Junta no toque esta norma que permite a las personas dependientes, con discapacidad, tener "los poquitos derechos que hemos empezado a tener". Al menos, en la reunión de la semana pasada con la nueva consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ésta les transmitió su intención de "no tocar la ley". A pesar de ello siguen intranquilos, expectantes, dudosos de la realidad que les aguarda. De ahí su llamada de auxilio.

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