A partir de la denuncia pública formulada por el Colegio de Abogados (ICA) de Cádiz ante el colapso judicial que arrastra el Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz, que está señalando juicios para el año 2023, varios abogados gaditanos han manifestado su malestar por esta situación que consideran, a todas luces, "inadmisible".

"Esto no se puede consentir. No me pueden señalar un juicio a cuatro años vista", critica Joaquín Olmedo, abogado y defensor del colegiado en ICA Cádiz. Olmedo es uno de los afectados por los retrasos que acumula el Juzgado de lo Social 3 de la capital gaditana, cuyo titular es Francisco de Borja Derqui-Togores. 

Olmedo lleva el caso de un vecino de Sanlúcar pesquero y ciego de un ojo. "Tras conseguir la invalidez absoluta, este hombre debía percibir 6.000 euros de una mejora voluntaria de Seguridad Social, esto es, un complemento correspondiente a un seguro que tenía su empresa por convenio colectivo". 

Al no serle abonado dicho complemento, el sanluqueño reclamó esta cantidad ante la Justicia. "Presentamos la demanda en enero de este año y nos han fijado el juicio para julio de 2023 en el Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz. No me parece de recibo, se está vulnerando el derecho de mi cliente a una tutela judicial efectiva en unos plazos razonables", argumenta Olmedo.

Sin perjuicio de las acciones emprendidas por el propio Colegio de Abogados de Cádiz, este abogado gaditano ha presentado, a título individual, una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, la cual ya ha sido dirigida al Servicio de Inspección.

"Los letrados nos hemos acostumbrado a que los trámites judiciales tarden, y eso está mal", admite Olmedo. No obstante, matiza que "lo del Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz ya pasa de castaño oscuro. Por eso vamos a seguir luchando en esa batalla. Hay que encontrar soluciones".

A modo de conclusión, Olmedo señala que “los abogados no somos enemigos de la Administración de Justicia. Ahora bien, la Administración de Justicia debe apoyarnos. Todos debemos ir en el mismo barco para que esto funcione”.

Más casos

Rafael Baena, otro abogado de Cádiz afectado por los retrasos en los señalamientos del Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz, relata una experiencia muy similar a la de su compañero. “En el año 2017 presenté una demanda para reclamar una indemnización a favor de mi cliente, un vecino de Cádiz con una incapacidad permanente por enfermedad. Pues bien, el juicio fue señalado para 2021”. Otra vez, a cuatro años vista.

“Y este no es el caso más sangrante”, apunta Baena. “Si una persona reclama, por ejemplo, el subsidio por desempleo y tardan en concedérselo cuatro años, ¿de qué come mientras? La situación es realmente desesperante”.

Baena se muestra firme: “La Justicia es un servicio público, como la Sanidad, que pagamos todos con nuestros impuestos. Por eso, demandamos una solución sobre la mesa ya; una solución real”.

Rafael Baena afirma que remitió un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz en el que informaba sobre las excesivas demoras que se estaban produciendo en el Juzgado de lo Social 3 de Cádiz. Al poco tiempo recibió una respuesta, a su entender, sin consistencia: “El Defensor del Pueblo me adjuntó un informe de la Fiscalía de Cádiz en el que se hacía constar que, efectivamente, eran conscientes de los retrasos judiciales que sufría este órgano gaditano. Y poco más. Reconocían que había un problema en este juzgado pero sin plantear medidas que desatascasen este colapso”.

Este letrado recuerda que la Constitución Española habla de una tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas. Y eso es precisamente lo que exigen al Poder Judicial. “Pedimos que sea eficaz, no que nos dé la razón”.