La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prorrogó el pasado 1 de enero el plan de especialización en materia de cláusulas abusivas en 24 órganos judiciales, entre los que se encuentra el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cádiz, que resolverá estos asuntos de manera exclusiva y excluyente durante todo el año 2022 con el objetivo de sacar adelante las numerosas demandas, aún pendientes en la provincia, relativas a estas cláusulas abusivas.

No obstante, el CGPJ ha dado por finalizado el citado plan en otros 20 juzgados, dada la positiva evolución experimentada por esa veintena de órganos tanto en lo que respecta al número de asuntos pendientes como a su capacidad de resolución.

No ha sido éste el caso de la provincia gaditana, donde el juzgado encargado de tramitar las cláusulas suelo, el Primera Instancia 2, sigue desbordado. La decisión de prorrogar el plan de especialización se ha adoptado de acuerdo con dos criterios objetivos: una entrada de nuevos asuntos superior a 2.000 en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 20 de septiembre de 2021; y una pendencia superior a 1.500 asuntos en el último trimestre (desde el 30 de septiembre de 2021). En el caso de Cádiz, se han registrado cifras que sobrepasan -y de largo- los parámetros establecidos por el Poder Judicial, con 11.089 entradas y una pendencia de 4.073 casos aún por resolver.

El plan de especialización en cláusulas abusivas fue puesto en marcha por el CGPJ el 1 de junio de 2017 y, desde esa fecha hasta hoy, se ha venido prorrogando de forma continuada, en el modo y por el tiempo estimado necesario para cada órgano judicial, ante el aluvión de demandas que suscitó la decisión Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) al considerar abusivas las cláusulas hipotecarias.

Este plan consiste en la especialización de determinados juzgados de primera instancia para la atribución, en el ámbito territorial que se establezca en cada caso, de la resolución de los asuntos relativos a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

A 31 de diciembre de 2021, eran 44 los órganos judiciales que se encargaban de la tramitación de este tipo de asuntos. Tras cuatro años de aplicación del plan de especialización, se ha conseguido reducir notablemente la bolsa de asuntos pendientes en muchos de esos juzgados, un hecho que pone de manifiesto la eficacia de esta medida, según el GGPJ. Asimismo, incide el órgano de gobierno de los jueces, se ha conseguido la homogeneización de criterios en la materia, circunstancia que ha ido en beneficio del principio de seguridad jurídica.

Los juzgados para los que se ha acordado la continuación del plan de especialización durante el año 2022 son los de Cádiz, Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca, San Cristóbal de La Laguna para la isla de Tenerife, León, Valladolid, Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Bilbao y Murcia.

La especialización se prorroga durante un periodo de seis meses (hasta el 30 de junio de 2022) en las provincias de Oviedo, Santander, Ciudad Real, Toledo, Burgos, Castellón, Pamplona, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián, Cáceres y Mérida.

El plan, concluido en 20 juzgados

A propuesta de la Sección de Planta y Oficina Judicial, y de acuerdo con el criterio expresado por las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, la Comisión Permanente acordó dar por finalizado el plan de especialización en los juzgados designados para ello en las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Huelva, Las Palmas -órganos judiciales de Arrecife, Las Palmas y Puerto del Rosario-, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Palencia, Salamanca, Zamora, Girona, Lleida, Tarragona, A Coruña y Pontevedra; así como en el especializado en la isla de Ibiza.

Respecto de todos ellos, la Comisión Permanente ha estimado necesario mantener las medidas de apoyo vigentes respecto de jueces y magistrados, Letrados de la Administración de Justicia y personal al servicio de la administración de Justicia; así como eximirlos de forma temporal (total o parcial) del reparto de asuntos de naturaleza civil por períodos de tres o seis meses que podrán prorrogarse, en su caso, según determine la Sala de Gobierno correspondiente, previa audiencia de la Junta de jueces de Primera Instancia.

Asimismo, dichos juzgados continuarán tramitando de todos los procesos pendientes en materia de cláusulas abusivas hasta su definitiva conclusión.