Un colectivo de padres y madres de diversos puntos de la provincia pidieron ayer en Sevilla la dimisión de la consejera de Educación, Teresa Jiménez, ante la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 91 nombres de menores, todos ellos hijos de padres objetores de la asignatura Educación para la Ciudadanía.

José Ignacio Martínez, del Foro de Laicos de Asidonia, dijo que los niños no son sujetos jurídicos por lo que la Junta "ha vulnerado" el derecho a su intimidad. Según Martínez, la Administración posee todos los instrumentos para acceder a los datos de estos menores, por lo que se podrían haber utilizado otros mecanismos para las notificaciones en lugar de su publicación en el BOJA.

El colectivo se desplazó ayer hasta la sede de la Consejería con el objetivo de presentar 238 nuevas declaraciones de objeciones de conciencia a esta asignatura. De las 8.000 objeciones contabilizadas en Andalucía, 1.500 pertenecen a plataformas de Cádiz. Martínez recalcó que hasta el momento presentaban las objeciones en la delegación provincial, pero visto que "no quieren dialogar" han querido entregarlas directamente. Además, recordó que no pueden dejar pasar por alto un caso de vulneración de derechos personales y familiares, en el que se ha iniciado una queja de oficio por parte del Defensor del Pueblo y se ha abierto una investigación de la Fiscalía de Sevilla con motivo de varias denuncias. Los representantes explicaron que esta avalancha de peticiones viene a demostrar la fuerte batalla que está librando Andalucía. Las sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asciende ya a 18, de las que cinco pertenecen a la provincia de Cádiz.

"Ante la obcecación de la Junta cabe pensar que detrás de la fachada de esta asignatura existe un afán totalitario por manipular la conciencia de nuestros hijos", dijo Guillermo Carrero, de la plataforma Julio Gómez Patrana de El Puerto.

A la espera de una sentencia firme del Tribunal Supremo "que unifique doctrinas", los padres objetores advirtieron que llegarán hasta el final, incluso plantearon la posibilidad de acudir al Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si no se les escucha.