Mónica González, la ex concejal de Sí se puede (Podemos), siempre ha mantenido que trabajó para ayudar a que personas inmigrantes viniesen a trabajar a España de forma legal. "Tal y como lo hicieron mis padres en Alemania", explica González. Según la documentación que la puertorrealeña ha entregado a la Audiencia Nacional unas cien personas llegaron a España gracias a su trabajo en Eurowork. "Eso está acreditado con un informe de la Tesorería General de la Seguridad Social y por un listado de los empresarios con los que se realizaron las gestiones", asegura

En su defensa, González señala que uno de los principales problemas por el que las tramitaciones de los expedientes de quienes querían venir a España no llegaran a buen fin, era que los trámites burocráticos y administrativos se prolongaban durante meses. "Aunque la normativa decía que los expedientes deberían quedar resueltos en el plazo de seis meses, solo en dar la cita para presentar la documentación tardaban tres. La resolución en la que se concedía o denegaba la autorización se prolongaba por otros siete meses. Por lo tanto, todo se alargaba por casi un año y eso motivó la petición de devolución masiva del dinero invertido por los extranjeros", explica.

En su contra juega que ella era administradora única de Eurowork en España, aunque González afirma que "no tenía ninguna capacidad de decisión en la empresa" y que "en cuanto tuve conocimiento de la situación en la que Luis Batlle había dejado la empresa, en febrero de 2007, cesé como administradora".

Según el escrito de defensa presentado por su abogado al Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, "esa única intervención de Mónica González ha sido reconocida en todas las declaraciones de Luis Batlle, y ha quedado corroborado en todas las minuciosas investigaciones que no hay un solo indicio de que se haya aprovechado económicamente".

González siempre ha mantenido que jamás se llevó un céntimo de los afectados y que nunca tuvo acceso a las cuentas de la empresa. Sin embargo, el nombre de Mónica González aparece en dos cuentas corrientes. En una, como autorizada junto a Batlle. En la otra era la autorizada única. Esto lo explica asegurando que "era el propio Batlle quien las manejaba a través de la banca electrónica, yo ni tan siquiera conocía las claves".

Dice también que tuvo conocimiento, a través del contable de la empresa, de que en el último trimestre de 2006 se devolvieron 300.000 euros, realizándose entre 10 y 15 devoluciones semanales. En su defensa explica que era ella misma quien enviaba un listado semanal a Luis Batlle con las "devoluciones más urgentes", aunque no hay constancia de las devoluciones que fueron realizadas.

Lejos de haberse beneficiado de los desvíos de dinero, presuntamente realizados por Batlle, Mónica González asegura que fue una estafada más. En las pruebas presentadas explica que cuando empezó a trabajar en la empresa, entonces en Granada, cobraba 1.200 euros al mes, y que cuando se fue a Madrid su salario era de 2.400 euros. González asegura que en los últimos meses empezó a cobrar "mal y a destiempo", por eso en su cuenta corriente personal aparecen ingresos de la empresa, siempre inferiores al de una mensualidad, en fechas que no coinciden con el inicio del mes. La defensa incluye en su escrito que la empresa le dejó a deber cinco mensualidades así como los autónomos.

La ex edil insiste en que sólo acudía diariamente a trabajar en las tramitaciones de expedientes y que en alguna ocasión viajó a Ecuador, Perú y Colombia, con la finalidad de explicar la normativa legal a las personas que allí trabajaban y realizar selección.

Mónica González es tajante al considerar que "Batlle, además de arruinarme económicamente, me ha arruinado la vida al involucrarme de forma injusta e ilegal".