La construcción de los dos aparcamientos subterráneos en El Puerto de Santa María que promueve la sociedad Impulsa Aparca y cuya adjudicación ha sido recientemente paralizada por el alcalde, Alfonso Candón, hasta que se aclaren las supuestas irregularidades detectadas en el proceso, supondrá en la práctica la previa desaparición de las actuales plazas de aparcamiento en superficie que se habilitan junto al río Guadalete, un total de 900 plazas que se distribuyen en los aparcamientos del parque Calderón, Bajamar I y Bajamar II, bolsas que desde el año 2012 viene gestionando la empresa municipal Impulsa El Puerto.

En el contrato de inversión de la sociedad Impulsa Aparca SL, de la que forman parte al 50% la propia Impulsa y AC Jessica Andalucía, representada por la sociedad Ahorro Corporación, se especifica con claridad que "es condición esencial para la viabilidad del proyecto, y factor determinante para la participación en el mismo por parte del inversor y su consiguiente inversión en la sociedad, que de conformidad con los objetivos generales y específicos del Plan de Movilidad y el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), Impulsa realice cuantas acciones estén en su mano para la consecución de los mismos y, en especial, de los objetivos que se refieren a la peatonalización y recuperación de las zonas del frente fluvial de la ciudad y de acondicionamiento urbano del río y su ribera, lo que implicaría, en el ámbito de sus competencias y entre otras, la supresión de las plazas de aparcamiento en superficie del Parque Calderón, Bajamar I y Bajamar II con anterioridad a la puesta en explotación del proyecto".

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de El Puerto, David de la Encina, puso ayer el acento en esta cláusula del contrato para la constitución de Impulsa Aparca para denunciar una vez más, tal y como han venido diciendo desde hace más de un año y medio, que la construcción de estos aparcamientos no es en este momento una prioridad para la ciudad ni una necesidad, ya que de las 900 plazas nuevas que se van a crear, con una inversión de 16 millones de euros, se suprimirán otras tantas junto al río a las que hay que sumar las 500 plazas en superficie que desaparecerían en el entorno de la Plaza de Toros.

Cierto es que los planes urbanísticos de la ciudad van encaminados a la progresiva desaparición del tráfico en el casco antiguo y a la creación de un espacio verde fluvial junto al Guadalete, pero con esta cláusula Impulsa ya viene a ponerle fecha a la inhabilitación de estas plazas públicas en dos años, en lo que podría entenderse como un intento de obligar a los conductores a hacer uso de los nuevos subterráneos.

De la Encina considera que la inversión procedente de los fondos Jessica es en realidad un "regalo envenenado" ya que como recordó, "no es un premio, sino un crédito que habrá que devolver y que viene de un banco europeo de inversiones. El regalo no es tal porque son más de 18 millones los que habrá que devolver en 25 años y si los parking no funcionan, ¿de dónde va a salir ese dinero", se preguntó.

De la Encina considera que El Puerto vive una situación muy grave desde el punto de vista social, con 13.000 parados, "como para enterrar 18 millones de euros y obligar a los ciudadanos a gastarse un dinero que no tienen en el alquiler o la compra de una plaza de aparcamiento", dijo.

En este sentido, De la Encina ya se aventuró a decir que en este contexto social "la explotación de los parking no será rentable" y cifró como mínimo en 120 euros lo que podría costar una plaza en alquiler, mientras que la concesión de uso podría rondar los 20.000 euros.