El informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en el que se reconocen indicios de actividades de contrabando de tabaco en Gibraltar y el blanqueo de capitales, asegura que estas actividades causaron un perjuicio de unos 700 millones de euros a los estados de la Unión Europea entre los años 2010 y 2013, según se recoge en la documentación remitida a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha abierto una investigación sobre este asunto, según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio Público. Por otro lado, en una entrevista concedida a la agencia Efe, el consejero de la OLAF, Joaquín González Herrero, manifestó que "o cada habitante se fuma un cartón cada 20 minutos, o hay algo extraño porque el grado de compraventa de tabaco no se corresponde con la población del lugar".

El informe de la OLAF, que consta de casi 400 folios y será traducido del inglés en los próximos días, detalla las prácticas de contrabando y blanqueo de capitales que una serie de empresas y sociedades establecidas en el Peñón habrían llevado a cabo en los últimos cuatro años. El perjuicio a las arcas públicas de los Estados de la Unión Europea estaría ocasionado, según las citadas fuentes, por las cargas impositivas y aduaneras que se habrían dejado de abonar en estas transacciones y la disminución de ventas que el tabaco de contrabando habría provocado en la venta de cajetillas legales.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que ha firmado el decreto de incoación de diligencias informativas que da inicio a la investigación, designará en las próximas semanas a un fiscal instructor, que decidirá si presenta una denuncia o querella por estos hechos ante uno de los seis jueces instructores de la Audiencia Nacional.

Las fuentes del Ministerio Fiscal señalaron que las actividades descritas por la UE podrían ser competencia de la Audiencia Nacional por tratarse de delitos cometidos por españoles en el extranjero, que corresponde investigar a este tribunal en virtud del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

El informe de la OLAF insta a la Justicia española y a la británica a actuar en este asunto tras advertir de que "hay motivos para creer que se han cometido delitos de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales que afectan a los intereses financieros, o de otra índole, de la Unión Europea".

En febrero pasado esta oficina ya advirtió de que estaba investigando el "aumento significativo" del contrabando de cigarrillos que se había venido produciendo en los últimos años en el sur de España, al tiempo que pidió información sobre estas prácticas a las autoridades de Gibraltar. "La OLAF confirma que ha abierto una investigación sobre el aumento significativo del contrabando de cigarrillos en el sur de España en los últimos años. En esta fase no se pueden dar más detalles sobre el alcance de la investigación", señaló entonces a Europa Press un portavoz de la Oficina Antifraude.

La investigación se abrió en 2013 después de que la OLAF recibiera "información concreta" sobre el incremento del contrabando de cigarrillos en el sur de España. El portavoz también señaló que no existe una "conexión directa" entre esta investigación de la OLAF y las discusiones entre la Comisión, España, Gibraltar y Reino Unido sobre los problemas en la frontera del Peñón. "No obstante, algunas de las cuestiones están relacionadas, ya que el contrabando de tabaco es una de las cuestiones que examinó la misión de la Comisión a la frontera en 2013".

Por otro lado, Joaquín González-Herrero, consejero de la OLAF se ha referido al informe y subraya que "da respuesta a informaciones que recibió la OLAF hace escasamente un año, ya que se considera como algo extraordinario el número de cigarrillos que entran en Gibraltar en relación con el número de habitantes; y se efectúa una serie de análisis que pone de manifiesto que algo ocurre".

De la misma forma en que procede cuando detecta un hecho presuntamente irregular, este organismo de la UE lo pone en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, que es su interlocutor oficial, sugiriendo que hay elementos suficientes como para tomar medidas.

El consejero de la OLAF, explica que, posteriormente, desde la Fiscalía General del Estado, el asunto "se remite a la Fiscalía Anticorrupción, que tiene competencias, a ver si procede incoar investigación por ramificaciones internacionales que pueda haber entre España, Gibraltar, Reino Unido y otros países de la UE". Tras insistir en que la OLAF "no es un órgano definitivo", ha eludido pronunciarse acerca de las posibles reacciones del Reino Unido.