La diputada provincial de IU Cádiz, Carmen Álvarez, ha pedido a la Junta de Andalucía que “no eche balones fuera, dejando tirados a los ayuntamientos en plena crisis, cuando más alta está la pandemia, en pleno estado de alarma y confinamiento y cumpla con su obligación de asegurar de una vez por todas los EPIs y test rápidos para todas las residencias de ancianos de la provincia, para todos los servicios de ayuda a domicilio y para todo el servicio sanitario de la provincia de Cádiz, incluyendo las farmacias, como centros básicos sanitarios, puesto que para ello es la autoridad competente”.

La diputada provincial señala que IU ha acogido “con verdadero estupor” la instrucción remitida en el día de hoy por el Gobierno andaluz delegando en los ayuntamientos la compra de material. Una instrucción que, según la diputada, “es bastante ambigua y deja a los ayuntamientos en una situación de desprotección y poca capacidad de maniobra, ya que es evidente que no todos los consistorios tienen la misma capacidad para hacer frente a la compra de materiales, estando como están desbordados atendiendo las urgencias de los propios municipios”.

Por otro lado, Álvarez reclama “urgentemente a la consejería de Salud y Familias el material de protección necesario para todo el sistema sociosanitario de la provincia de Cádiz, sobre todo, si se confirma la llegada de enfermos de otras comunidades en trenes medicalizados por el colapso en otros territorios. En esta provincia somos solidarios y entendemos que esas personas deben ser atendidas dignamente, pero nuestros profesionales tienen que tener todas las medidas de protección para evitar el aumento de contagios”.

Añade la diputada de IU que “los profesionales sanitarios están en la primera línea de contagio y hay que evitar que el virus se extienda más en la provincia cebándose con las personas mayores”. Así, considera “ridículo el material aportado hasta ahora a la provincia, 5.300 mascarillas para repartir entre los dependientes de grado III (dos mascarillas por dependiente de grado III por municipio) y una última partida de 4.250 mascarillas (una entre los dependientes de los municipios menos de 20.000 habitantes), esto es absolutamente vergonzoso”.

“Estamos profundamente preocupados por el hecho de que la única reacción que tengan las autoridades autonómicas es delegar la compra de materiales a los ayuntamientos a estas alturas de la crisis y en plena pandemia, cuando se multiplican los casos de contagio. Entendemos que hay que actuar de manera urgente para garantizar la salud y la seguridad de todos los trabajadores y no lavarse las manos”, reclama Álvarez. Recuerda, además, que desde los ayuntamientos gobernados por IU “se ha pedido de manera reiterada material para garantizar la correcta atención de los residentes, así como para preservar la salud y seguridad de todos los trabajadores/as, sin que la Junta haya hecho absolutamente nada, ya lo vimos con el caso de Alcalá del Valle”.

“Nos parecen bochornosas la formas de actuar que se están llevando a cabo desde la consejería de Salud –recrimina la diputada-, siendo la autoridad competente no es de recibo que la sanidad pública andaluza tenga que trabajar a contrarreloj para implementar o ampliar las medidas de protección necesarias para preservar la seguridad de los trabajadores del sistema sanitario de la provincia acudiendo al voluntariado de la sociedad civil para obtener los equipos de protección, muchos de ellos sin homologación”. Y añade, “criticamos al consejero de Salud, el popular Jesús Aguirre, médico de profesión, que en pleno mes de febrero indicaba tajantemente que desde la Junta de Andalucía existía tranquilidad absoluta y que era poco probable que en nuestra comunidad aparecieran casos de coronavirus. Tenemos mascarillas, guantes, está todo controlado si llega el coronavirus, tenemos perfectamente articulada toda la estrategia si hay primeros casos, nos aseguraba en aquellos momentos, y hoy están delegando en los ayuntamientos lo que es responsabilidad del gobierno andaluz, que es proporcionar seguridad a nuestros profesionales, una situación que, a todas luces, es una clara falta de previsión de la Junta de Andalucía”.