El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, Staj, ha mostrado su absoluto rechazo a las declaraciones realizadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo Del Río, en una entrevista publicada en este medio.

En esas declaraciones, "Del Río hace referencia a que la dotación de medios personales para la atención de los servicios esenciales no es suficiente y deja entrever que los únicos que están apostando por que esos servicios se cumplan son los jueces y magistrados", entiende Staj.

Para el sindicato, estas afirmaciones están completamente alejadas de la realidad. "Una vez más, el presidente del TSJA vuelve a ignorar la imprescindible labor y el trabajo que desempeñamos los funcionarios de Justicia, como si en los juzgados solo existiesen jueces y los funcionarios estuviéramos de adorno".

El comunicado de Staj prosigue así: "Queremos dejarle muy claro al presidente del TSJA que los funcionarios de los cuerpos generales de la Administración de Justicia, así como los médicos forenses de todo el Estado, estamos absolutamente comprometidos con la prestación de nuestro servicio, de modo que los perjuicios que la situación de pandemia y estado de alarma estén provocando, no afecten de manera negativa a los derechos de la ciudadanía".

Staj recuerda que la dotación de personal decretada por la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, acordada de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Justicia, "establece muy claramente que la dotación mínima se refiere a la prestación de esos servicios de modo presencial, si bien hace referencia a la disponibilidad de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia, el cual debe estar en condiciones de permanente localización durante la jornada laboral para atender puntualmente y de forma inmediata cualquier actuación que sea preciso realizar".

Estas medidas de dotación de personal "se han adoptado, no de forma caprichosa por la Administración competente, sino que han sido muy meditadas para tratar de conjugar la protección de la salud de los empleados públicos y de la ciudadanía en general, cumpliendo las indicaciones de las autoridades sanitarias en cuanto al necesario confinamiento de los ciudadanos y reduciendo al mínimo la movilidad como la más eficaz y puede que única forma de detener la propagación del virus. Ese, y no otro, es el sentido de establecer una dotación presencial reducida al mínimo estrictamente necesario. Es el mismo motivo que ha llevado los órganos de gobierno del Poder Judicial a acordar que los jueces presten sus servicios desde sus domicilios en la modalidad de teletrabajo".

Por ello, entiende el sindicato, ahora son los órganos de gobierno del Poder Judicial -concretamente en nuestro ámbito, el TSJA- los que deben arbitrar los mecanismos oportunos para que, con esa dotación presencial mínima y la plena disponibilidad del resto de personal, se presten de los servicios esenciales sin merma alguna para los derechos de los justiciables.

"Por parte del TSJA deben establecerse los protocolos, instrucciones u órdenes oportunas, en coordinación con jueces decanos y secretarios coordinadores, así como con colegios de abogados, procuradores, graduados sociales y Cuerpos de Policía Nacional y Guardia civil, que permitan que escritos, atestados o documentos que deban provocar actuaciones propias de los servicios esenciales, tengan entrada en los órganos judiciales a través de los servicios de guardia o, en su caso, por los decanatos, y que estos se coordinen con jueces y letrados titulares", expone el sindicato en un comunicado. "Eso, y no la dotación presencial de funcionarios, es lo que falta, porque desde el inicio de la crisis sanitaria no se ha adoptado ni una sola medida al respecto".

"Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia solicitamos que, de una vez por todas, se dicten esas instrucciones a las que hacemos mención con objeto de conjugar de forma adecuada y eficaz la protección de la salud de los trabajadores y de la ciudadanía, con la adecuada y puntual prestación de los servicios esenciales en Justicia".