“El trato es el siguiente: te pagamos 50 millones de pesetas, te damos un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Chipiona y te damos también dos billetes de avión, uno para ti y otro para tu mujer, y los dos serán de ida y vuelta, para que te vayas unos días a Lisboa. A cambio, no apareces el martes por el pleno en el que se va a votar la moción de censura, lo que permitirá que el PSOE se mantenga en la Alcaldía de Sanlúcar. Así todos seguimos ganado. ¿Estás de acuerdo?”. La conversación no es textual, ni mucho menos, pero tuvo que ser muy parecida a la que en octubre de 1999 los dirigentes del PSOE sanluqueño le plantearon a Manuel Ramírez, más conocido por el sobrenombre de Cunete y que era en aquel entonces uno de los concejales del PP en esta localidad gaditana.

Hace ahora 20 años y un mes –una cifra que suena a condena– lo que hubo en Sanlúcar fue un intento de compra de un concejal, un delito de cohecho en toda regla. Así, sin anestesia y sin lo de presunto por delante, porque es lo que determinaron, por ese orden, la Audiencia Provincial de Cádiz, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y hasta el Tribunal Supremo. Y ese delito tuvo sus culpables, que cumplieron condena, principalmente los alcaldes respectivos de Sanlúcar y de Chipiona, los socialistas Agustín Cuevas y Luis Mario Aparcero, y Rafael García Raposo, entonces secretario de Organización del PSOE sanluqueño. Pero hoy poco o nada queda de aquel caso de corrupción que dio la vuelta a España hace dos décadas.

La vida sigue igual (o casi) en esta esquina de la provincia de Cádiz. El caso Sanlúcar, pese a todo lo que generó desde el punto de vista informativo, no dejó al final tanta huella. Y el ejemplo más claro de esto es que hoy, al igual que hace 20 años, el PSOE sigue gobernando –incluso con más comodidad que entonces– en el Ayuntamiento de Sanlúcar, y hasta Aparcero ha regresado hace pocos meses a la Alcaldía de Chipiona.

El estallido del caso Sanlúcar tuvo su día D y su hora H. El día fue el lunes 18 de octubre de 1999, y la hora, sobre las dos de la tarde, cuando en todos los informativos regionales de radio y televisión empezaba a conocerse que el PP había presentado una denuncia en los tribunales de Justicia, sustentada en una batería de pruebas, contra dirigentes del PSOE a los que acusaban de intentar comprar a un edil popular del Ayuntamiento de Sanlúcar para que no triunfara la moción de censura que los concejales del PP y del PA habían presentado en este Ayuntamiento varios días atrás y que se iba a votar pocas horas después, en concreto el martes 19 de octubre. Los ediles populares y andalucistas se habían puesto de acuerdo para gobernar en coalición en esta ciudad aupando a la Alcaldía al líder local del PP, Juan Rodríguez, y derrocando a Agustín Cuevas, el regidor socialista que había ganado las elecciones municipales celebradas cinco meses antes pero sin llegar a la mayoría absoluta.

A esa hora, a las dos de la tarde, Francisco Vázquez Cañas regresaba a su casa de Chiclana para almorzar. No solía hacerlo, porque lo habitual era que el secretario provincial del PSOE picara algo en el entorno de la plaza de San Antonio de Cádiz, en las inmediaciones de la sede de su partido. Pero aquel día cambió de planes. Y cerca ya del Pinar de los Franceses, un periodista le llamaba con insistencia para contarle la denuncia que había presentado el PP. Vázquez Cañas paró el coche en el arcén y su primera impresión fue la habitual en estos casos, la de echar balones fuera, diciendo que no se creía nada de lo que dijera el PP. Y es que las denuncias por corrupción entre ambos partidos estaban a la orden del día. Sin ir más lejos, la semana anterior el PSOE había denunciado ante la Fiscalía un posible caso de corrupción en el Ayuntamiento de Tarifa en el mandato 1995-1999.

Pero aquel periodista empezó a detallarle las pruebas presentadas por el PP y Vázquez Cañas escuchó lo de la bolsa con el dinero, los billetes a Lisboa, el contrato firmado por Aparcero... y empezó a preocuparse. Así que optó por dar media vuelta y enfilar de nuevo la carretera hacia Cádiz. El caso Sanlúcar no había hecho más que empezar.

Hoy Vázquez Cañas está jubilado y alejado de la política activa. Y cuando se le pregunta por el caso Sanlúcar suelta un “uf, ¿otra vez?” muy sintomático. El ex político chiclanero no quiere remover mucho más el tema “porque todo lo que sabía lo conté en el juicio”, celebrado en la Audiencia Provincial de Cádiz en mayo de 2006 y al que Vázquez Cañas acudió en calidad de testigo. Hoy, 20 años después, reconoce que aquellos días fueron, con diferencia, los peores que vivió al frente del Partido Socialista de Cádiz, una responsabilidad que asumió durante cuatro años. Y admite también que jamás tuvo una buena relación con el PSOE sanluqueño que lideraban Cuevas y Raposo. “A mí y a otros miembros de mi ejecutiva ya nos hicieron alguna que otra encerrona y recuerdo que le planteamos varias veces al entonces alcalde que debía irse por la puerta grande. Pero no nos hizo caso y pasó lo que pasó”.

Dos décadas después de aquello Vázquez Cañas no quiere hacer leña del árbol caído pero se enorgullece al recordar que su ejecutiva provincial acordó la tarde de ese mismo lunes expulsar del partido a García Raposo y suspender cautelarmente de militancia a Agustín Cuevas, decisiones ambas que contaron con el respaldo de las direcciones regional y federal del partido.

Con el paso de las horas el PSOE de Cádiz fue descubriendo que las pruebas que el PP había depositado ante los tribunales de Justicia tenían mucho sustento. Lo mismo debieron pensar Rafael Román y Francisco González Cabaña, entonces presidente y vicepresidente respectivos de la Diputación de Cádiz, que el martes por la mañana expulsaban de manera fulminante a Agustín Cuevas del Grupo Socialista, convirtiéndolo en un diputado no inscrito.

La decisión se hacía pública casi a la misma hora en la que la moción de censura en Sanlúcar salía adelante. Juan Rodríguez (PP) asumía el poder después de un pleno en el que Cunete había sido recibido como un héroe y del que Agustín Cuevas tenía que salir escoltado por la Policía Local.

Una pieza clave para que esa moción de censura llegara a buen puerto fue Antonio Prats, ex concejal andalucista en la localidad sanluqueña. Hoy, dos décadas después, Prats tampoco guarda buenos recuerdos, aunque desvela que nada le sorprendió “porque me consta que desde el PSOE ya habían tocado a algunos concejales más, incluidos algunos del PA, para intentar que fracasara aquel intento de cambio de gobierno”.

La situación era tan tensa que tras conocerse el estallido del caso Sanlúcar las direcciones provinciales del PP y del PA –entonces controladas respectivamente por María José García-Pelayo, que pocos días antes había relevado a Antonio Sanz, y Ricardo Chamorro– acordaron incluso concentrar a sus concejales de Sanlúcar, que quedaron recluidos en un hotel de Rota, donde pasaron la noche hasta que llegó la hora del pleno de la moción de censura.

Una vez cerrado el relevo toda la polémica giró en torno a si aquel intento de compra sustentado con pruebas había sido una ocurrencia de un grupo reducido de dirigentes del PSOE sanluqueño o si, como se aseguraba desde el PP, consistía en toda una trama diseñada desde las más altas instancias de la dirección regional o incluso federal del Partido Socialista.

Y en este dilema las miradas se dirigían hacia la supuesta implicación de Aparcero, alcalde de Chipiona, que siempre negó y sigue negando su implicación.

En un contexto en el que ninguno de los actores de aquel caso de corrupción es amigo hoy de hablar sobre lo que sucedió, Aparcero no iba a ser una excepción. Por ello, cuando es cuestionado por este periódico reconoce que este asunto siempre le perseguirá “como la A de la letra escarlata” para a continuación insistir por enésima vez en su insistencia: “Si de algo estoy orgulloso es de que jamás he robado en este Ayuntamiento. Mi obsesión ha sido y sigue siendo Chipiona. Y de aquel asunto no quiero hablar más. Fui engañado, hubo una sentencia que no compartí y punto y final”, reflexiona este político que si en junio de este año regresó a la Alcaldía fue, fundamentalmente, porque buena parte de los chipioneros así lo quisieron.

El PSOE comenzó creyendo en la inocencia de Aparcero, pero cada vez se fue alejando más de él. Y el regidor chipionero primero tenía que ver cómo IU rompía el pacto de gobierno que había cerrado con él en junio de 1999 y un año después, en octubre de 2000, era obligado por su aún partido a ceder la Alcaldía a Dolores Reyes, quedando como un mero concejal de a pie sin apenas relevancia.

A partir de ahí todo el protagonismo del caso Sanlúcar recayó en los tribunales de Justicia, que señalaron claramente a los culpables de este caso de corrupción política: Cuevas, Raposo, Aparcero y tres empresarios sanluqueños que fueron los que dieron el dinero con el que intentaron sobornar a Cunete. Las posteriores reclamaciones tuvieron eco en el TSJA, que rebajó las penas impuestas, pero no en el Tribunal Supremo, que terminó dando por buena la resolución del tribunal andaluz.

Los tres principales acusados fueron condenados por un delito de cohecho pero terminaron siendo absueltos del delito de tráfico de influencias. De este modo, Agustín Cuevas fue condenado a un año y medio de prisión y a 10 años de inhabilitación; García Raposo fue condenado a un año y dos meses de cárcel y a un año y dos meses de inhabilitación; y a Aparcero le cayeron un año y medio de prisión y un año y medio de inhabilitación. De todos ellos sólo Cuevas entró en prisión aunque estuvo privado de libertad apenas tres meses en la cárcel de Huelva.

Por su parte, Cunete no sólo era absuelto de haberse ofrecido a ser comprado, como le acusaba el PSOE, sino que incluso fue elogiado por los tribunales, que aplaudieron su actitud al denunciar estos hechos.

Con el paso de los años la huella de aquel sonoro caso de corrupción se fue difuminando. El primer paso fue que el PP perdió relativamente rápido la Alcaldía de Sanlúcar, algo que se produjo en 2007 motivado en parte por el fallecimiento un año antes del alcalde, Juan Rodríguez, y en parte también por la renovación habida en las filas socialistas, con la irrupción de una Irene García que en 1999 ni siquiera era aún militante. Y la llegada en junio de Aparcero a la Alcaldía de Chipiona ha terminado por cerrar el círculo para demostrar que en esta esquina de la provincia la vida sigue igual.