La investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 5 de Chiclana para esclarecer una supuesta trama de trata y explotación de seres humanos en la localidad prosigue su curso. Esta semana han prestado declaración ante el juez casi una veintena de víctimas en una maratoniana jornada que se ha prolongado por más de diez horas.

Los perjudicados, según sostiene la Fiscalía, eran captados en Honduras por los cabecillas de la organización, una madre y su hijo, para ser traslados a España a cambio de un puesto de trabajo. Sin embargo, una vez que llegaban a nuestro país, les quitaban la documentación y les advertían que se la retendrían hasta que no les pagaran la deuda contraída con ellos por las gestiones realizadas y los gastos del viaje. Para saldar esa hipotética deuda, asegura la fiscal del caso, los perjudicados "trabajaban sin contrato, sin horario establecido y sin días de descanso" en el cuidado de personas mayores a través de dos empresas de asistencia a la tercera edad con sedes en Cádiz y en Jerez.

En la reciente toma de declaración de los afectados, todos han señalado a la principal sospechosa como la persona a la que debían abonar una suma de dinero, 3.000 euros aproximadamente, por las gestiones y trámites realizados. 

Sin embargo, según fuentes judiciales del caso, la mayoría de las víctimas “ha rebajado” ante el juez su versión de los hechos respecto a la declaración que ofrecieron en un primer momento en sede policial. Muchos de los perjudicados han dicho que veían lógico pagar una cantidad a la principal imputada, pues ella les había adelantado un anticipo. También han afirmado que no tenían reparos en dejar bajo su custodia su documentación identificativa y que consideraban normal que ella obtuviese ciertas ganancias a cambio de conseguirles un puesto de trabajo. 

En este punto, la fiscal les ha cuestionado insistentemente sobre si han sufrido algún tipo de influencia o presión para “relajar” su testimonio, un extremo éste que los testigos han negado.

No obstante, dos de los damnificados sí han mantenido su versión inicial de los hechos. Ambos perjudicados, uno de ellos un testigo protegido, han aseverado ante el juez instructor que, al poco de llegar a España, se les privaba de libertad. Así, han manifestado que “o estaban trabajando en el cuidado de ancianos durante largas jornadas o permanecían en la vivienda de la principal implicada”, donde estaban empadronados. Estas mismas víctimas han señalado que les quitaron su documentación sin su consentimiento y que sentían que se habían aprovechado de ellas.

La instrucción del caso por trata y explotación de personas de nacionalidad hondureña en Chiclana continúa abierta. En principio, está previsto que los investigados, una docena, presten declaración ante el juez a principios del próximo mes de julio.