Desde el 2000, la franja comprendida entre el litoral y la carretera de Sanlúcar ha sido la zona del municipio más castigada por la destrucción sistemática de las áreas forestales. Y de no ser porque la Consejería de Obras Públicas viera inviable la idea que tenía el anterior equipo de Gobierno para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la deforestación podría ser aún más grave e insalvable. Como apuntaban los ecologistas, se podrían haber talado 500.000 metros cuadrados si hubiera salido aquel plan (aunque también es cierto que Obras Públicas lo rechazó por el exceso de viviendas que se pretendían construir).

Dos miembros de Ecologistas en Acción (EA), María del Mar San Narciso y Juanjo Rubal, han realizado un estudio sobre el retroceso acelerado de las zonas verdes en toda la Costa Oeste a causa, especialmente, del ladrillo y el hormigón. Este estudio será presentado como denuncia en la Delegación provincial de Medio Ambiente para exigirles que lleven a cabo medidas que reparen el daño causado a este patrimonio natural, a parte de las sanciones pertinentes.

El contenido del estudio se basa en la comparación entre ortofotos de la ciudad realizadas en 2000 y 2007, en las que se aprecia claramente cómo se ha ido deforestando gran parte de la Costa Oeste. Los ecologistas aportan también como pruebas fotografías de las zonas degradadas a costa de campos de golf, edificaciones ilegales, cortafuegos "inútiles", canteras e interpretaciones de la ley perjudiciales para el medio ambiente. Los ejemplos aportados van desde el caso de Bahía Blanca (270 árboles talados y su perjuicio sobre el hábitat del camaleón), la tala de eucaliptos en el entorno del Centro Inglés donde se venden parcelas, hasta la ya inexistente Arboleda Perdida a la que se refería Alberti y la ocupación de espacios libres a la entrada de Puerto Sherry por un improvisado almacén de materiales de construcción. Tal y como explican los activistas de este colectivo, la Constitución contempla el medio ambiente como un derecho, al mismo nivel que la salud o la educación. Por tanto, el respeto a la naturaleza y la responsabilidad sobre su protección recae sobre la Administración, en este caso, en la autonómica, a través de su Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente, básicamente sobre terrenos no urbanizables y zonas protegidas.

A menudo, EA emprende acciones legales contra quienes talan arboledas y retamares y, en consecuencia, contra quienes lo permiten. Son muchos los que han pasado y están pasando por el juzgado, merced a las denuncias de este colectivo, y que por ello, han conseguido la antipatía de muchos promotores, propietarios de viviendas ilegales, y responsables políticos. No en vano, también han denunciado al anterior equipo de Gobierno (de hecho, la Justicia ha abierto diversas causas, después de que la Fiscalía le remitiera la denuncia hace ahora un año) por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra la protección de la flora y fauna, entre otras cuestiones relacionadas con la gestión de IP y PSOE cuando gobernaban juntos. Por aquel entonces, EA ya apuntaba que en los últimos 15 años se habían destruido 1,9 millones de metros cuadrados de zonas forestales, sin que se hayan ejecutado los programas previstos por el PGOU actual para regenerar los espacios protegidos.

En cambio, el estudio realizado por San Narciso y Rubal, no va contra ningún caso concreto. Se trata de denunciar la falta de protección con que cuenta el campo portuense, y sus especies protegidas (véase el enebro o el camaleón) ante la ofensiva de la construcción. Para los ecologistas, la deforestación tiene causas tanto legales ("si es urbanizable, se puede talar", ejemplifican los conservacionistas) como ilegales ("las políticas de hechos consumados, que evitan la reparación del daño producido"). Pero no por ello van a detener su ímpetu para defender el patrimonio natural de la ciudad, que, como ellos mismo recuerdan, forma parte de la imagen de El Puerto, junto a sus atractivos turísticos y culturales.

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