El abogado Ramón Dávila (Cádiz, 1953), presidente de la asociación de promotores de turismo residencial y deportivo de Andalucía -Promotur, un centenar de socios-, ha jugado un papel decisivo en negociación del Pacto por la Vivienda y de los términos del nuevo decreto de golf de la Junta. En su despacho, rodeado de montones de papeles, carpetas, artículos sobre derecho, proyectos residenciales y textos legales, analiza la crisis del sector inmobiliario y repasa la legislatura urbanística en Andalucía.

-El año ha empezado con cambios en los puntos conflictivos del POTA y con un gran acuerdo sobre vivienda que reactiva la concertación social después de serios desencuentros. ¿Qué balance hace de la legislatura?

-Hay luces y sombras. Con Empleo y, sobre todo, con Turismo, las relaciones han sido extraordinariamente positivas y activas. No podemos decir lo mismo de Obras Públicas. La Consejería, no la consejera, no ha reconocido que la ordenación del territorio tiene que ser objeto de concertación social y ha desarrollado una política equivocada. De forma unilateral, inició planes de forma acelerada, en muchos casos sin los estudios necesarios y sin tener en cuenta la opinión de los interlocutores sociales e incluso de los ayuntamientos. Se han hecho POT [Planes de Ordenación del Territorio] a espaldas de la realidad, y dos modificaciones sustanciales de la LOUA [Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía] de 2002; los Ayuntamientos están desorientados y no han podido adaptar sus planes locales a la ley andaluza; a eso se añade la tramitación del POTA, con los crecimientos limitados al 30/40, que suponían un freno para el desarrollo incuestionable. Al final, la legislatura termina reconociendo que todo el mundo, nosotros y las miles de personas que se oponían al POTA, tenía razón, como queda reflejado en el Pacto por la Vivienda y el Suelo.

-¿Entiende que los cambios de la Junta en el POTA son una "flexibilización" de la norma, o el reconocimiento de un error?

-Yo entiendo que se ha dado marcha atrás, aunque quiero dejar claro que yo hago valoraciones económicas, sociales y urbanísticas, no políticas, y no quiero que se utilicen para eso. El pacto es un reconocimiento evidente de que el "café para todos" era absurdo e injusto, de que es necesario adoptar medidas para permitir una rápida adaptación de los planes locales a la Ley, y de que no es posible hacer políticas sobre vivienda sin tener en cuenta el suelo.

-Promotores analizan en privado que la política urbanística de Andalucía no ha avanzado nada en tres años y medio, y que la Junta ha intentado corregir las cosas en el último momento, cuando ha llegado de lleno y rápidamente la crisis. ¿Qué opina?

-Estoy de acuerdo con ese análisis. A parte de los problemas globales del mercado inmobiliario, la política de Obras Públicas ha agravado la situación de crisis en Andalucía, porque ha sido imposible ejecutar nuevos desarrollos. Eso se ha unido además a la imagen negativa de Andalucía en el mercado provocada por los casos de ilegalidades urbanísticas.

-¿El pacto es un camino para que la vivienda deje de ser un problema, y sea el derecho expresado en la Constitución y el Estatuto?

-Entiendo que es un objetivo que se puede lograr. Si lo que el pacto propone se pone encima de la mesa, se logrará la recuperación del sector, pero todo va a depender de dos cuestiones: que haya mayor agilidad administrativa y se reduzca la burocracia en la gestión del suelo, y que sea eficaz el acuerdo entre la Junta y las entidades financieras, que han cerrado el grifo aunque no lo admitan.

-Cuál es su análisis de la recesión, ralentización, reajuste, fin de ciclo o crisis inmobiliaria, llámele como quiera.

-El eufemismo de desajuste entre oferta y demanda ya no se puede sostener. A nivel global la demanda ha caído de una manera drástica. No sólo es que la demanda haya caído, es que en algunas zonas es cero, ha desaparecido. En las zonas con sobreoferta, con este panorama, no hablamos de crisis, es casi peor. Además está el efecto de los escándalos urbanísticos La situación afecta especialmente al mercado británico, donde están vendiendo todos nuestros competidores. El Caribe, Turquía, Croacia, Italia... Mientras, el mercado nacional vive afectado por la crisis económica. A todo eso, se une la situación de inseguridad a inversores y a compradores de la que le he hablado, la situación financiera internacional y la subida de tipos de interés. La crisis ya se manifestado con el aumento del paro, y no hay actividades capaces de liderar la recuperación. -¿Es el principio del túnel, estamos en medio o se atisba luz?

-Todo depende de muchísimos factores. Unos están vinculados a la economía internacional, y sobre eso no podemos hacer mucho. Otros están vinculados a la parte de tarea que nos toca, como la mejora de nuestra imagen, e, insisto, la agilidad y eficacia en el planeamiento de suelo.

-¿Qué le parece la fórmula final del decreto de golf?

-Con la inseguridad jurídica que hemos sufrido, el decreto es mejor que nada. La fórmula final, con viviendas sólo en los campos de gran calidad, me parece aceptable porque es un equilibrio entre muchos intereses e instituciones: sindicatos y empresarios, sector público y privadoý He defendido que necesitamos mejorar la oferta de golf porque en general en Andalucía en los últimos años no se han hecho precisamente los mejores campos de nuestra historia. Ahora, el 95 por ciento de los proyectos van a tener que parar y pensarse muy seriamente su futuro.

-El número de casas por campo no ha quedado definido, como era la intención original, y todo queda encomendado a la LOUA y a los planes subregionales.

-La referencia a los POT y la LOUA era la única salida legal del decreto. El gran problema del documento es la articulación entre el reconocimiento de la condición de interés turístico, y su recogida en los planeamientos comarcales y locales. Si no hay agilidad administrativa, la tramitación de un proyecto será eterna. Si hay agilidad, los plazos serán asumibles, aunque, por mi experiencia, creo que estamos hablando de tres o cuatro años en los despachos.