No visten pijama sanitario ni atienden a pacientes en centros hospitalarios. Nadie ha salido a los balcones y ventanas de este país a aplaudir por las tardes pensando en ellos. Como millones de españoles, desde que se decretó el Estado de Alarma han convertido el teletrabajo en una suerte de condena que les mantiene en sus quehaceres mucho más allá de lo que requiere la obligación laboral. Acaso porque se trata de una profesión a la que suele llegarse por vocación de servicio al prójimo, lo cierto es que rara vez miran el reloj cuando al otro lado del teléfono alguien precisa de su ayuda. Son los trabajadores sociales, aunque en realidad quedan incluidos todos los profesionales que realizan sus funciones en las unidades sociales, que dan cabida también a administrativos, auxiliares, educadores sociales y psicólogos, entre otros.

Los héroes de las otras UCI, en las que ingresan las personas más desfavorecidas en tiempos de crisis, combaten la pandemia desde el primer momento y lo continuarán haciendo cuando concluyan las fases de desescalada que las autoridades han programado como la mejor manera de regresar a la nueva normalidad. Por más que apenas se hable de ellos, ni mucho menos son invisibles y desde luego merecen todo el reconocimiento del mundo.

Ejerciendo bajo la tutela del Gobierno autonómico, los ayuntamientos o el denominado tercer sector, las ONG, los trabajadores sociales de Andalucía desempeñan su función de atención a los colectivos más vulnerables principalmente en un organigrama que los encuadra en la Consejería de Salud y Familia, con programas de Dependencia, Discapacidad, Menores y Prestaciones; en las delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Salud, para atención primaria, hospitalaria y salud mental, y en las administraciones locales, con los Servicios Sociales Comunitarios como puerta de entrada para acceder a programas de emergencia social y ayuda domiciliaria, entre otros, y más equipos de trabajo como el de Familia y el de Tratamiento de Menores en Situación de Riesgo.

En uno u otro lugar, el denominador común de los trabajadores sociales no es otro que la búsqueda de soluciones ante problemas de usuarios sin recursos o con escasos recursos, que necesitan ayuda para un sinfín de casos, desde para pagar el alquiler, alimentos o suministros básicos, a ayuda domiciliaria o para mayores dependientes, pasando por actuaciones de prevención de drogodependencia o a favor de lo inmigrantes, entre otras.

Francisca Bonet Linera, presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz, que aglutina a más de un millar de colegiados, lamenta que el dicho popular de que nos acordamos de Santa Bárbara sólo cuando truena se ajuste a la realidad de los trabajadores sociales.

Siendo esencial su labor, se sienten invisibles. “La invisibilidad quizás se pueda decir que tiene más que ver con los medios de comunicación, que en ocasiones no entienden cuál es nuestra labor. La ciudadanía sí que tiene interiorizada nuestra figura y nos reconoce como profesionales referentes en atención social, especialmente en el sistema público de servicios sociales. Solemos ser profesionales esenciales siempre en la sombra, nos debemos a la ciudadanía y por eso estamos dando el 100%. Somos una profesión muy numerosa pero muy invisible institucionalmente hablando y con una imagen muy desvirtuada para la población. Se nos pide que actuemos cuando la situación es inminente... Pero se olvidan de que para nosotros las situaciones suelen tener carácter urgente y la respuesta debe ser inmediata”.

En tiempos de crisis, como los actuales, los trabajadores sociales se antojan fundamentales para luchar contra las situaciones de vulnerabilidad. Las diferentes administraciones tienen mucho que decir en este sentido. “En el caso de Andalucía tendría que darse cuerpo a la ley de servicios sociales que se aprobó en 2017 y que aún estamos a la espera de que se aprueben los planes, programas, etc. que se establecían, haciendo que el sistema público de servicios sociales sea la puerta real de entrada, bien consolidada, de acceso a los derechos de la población”.

Reforzar los servicios ante la creciente demanda de usuarios no es una opción sino una obligación. “Hay que dotar de profesionales, disminuyendo así el número de usuarios que tenemos asignados, para poder ofrecer un servicio integral, no sólo burocrático, que ayude a las personas a transformar y mejorar su situación personal y familiar. A esto se une que es primordial que se dote de recursos a los Servicios Sociales Comunitarios públicos para dar respuesta a las necesidades desde la justicia social”.

Justicia social paralela al sentido del deber de unos profesionales que estos últimos dos meses incluso han tenido que utilizar recursos propios para desempeñar su tarea diaria. “Entendemos que ha sido una situación de emergencia no conocida hasta ahora y nuestro compromiso ético nos ha impulsado a actuar así. Pero ya procede que se subsanen las carencias de medios”.

Así y todo, el progresivo adiós al teletrabajo y la inminente incorporación, también progresiva, a los lugares físicos de trabajo se presentan con dudas y miedos. El virus sigue ahí. “No dejamos de reclamar medidas de protección para nuestros profesionales y la ciudadanía que atendemos. Nos hemos hecho eco de las consideraciones a tener en cuenta por parte del Consejo General de Trabajo Social, lo hemos compartido con la colegiatura y los profesionales de nuestro sector, a través de las redes sociales”.