La alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, ha pedido "hacer un análisis que vaya más allá de una fusión" de la planta de Airbus de la localidad con el CBC de El Puerto de Santa María debido a que "la factoría de Puerto Real es 100% competitiva, a diferencia de lo que en un principio se quiso hacer creer". Por ello, ha reclamado "pensar en un pueblo industrial y en todas las personas que se quedarían sin poder seguir desempeñando su trabajo".

En declaraciones a Europa Press, Amaya ha reconocido que "los puestos de trabajo de la plantilla no se iban a perder con una fusión, pero hay muchos trabajos indirectos y, en un pueblo industrial como Puerto Real, que se cierre una planta es dejar morir una parte, tanto del sector turístico como del sector hotelero, de la restauración, del pequeño comercio, de todo...".

La regidora ha explicado que "los representantes de la plantilla y el Comité de Empresa no han dejado de trabajar y de luchar por mantener la planta abierta". Además, ha reconocido que "reconforta ver cómo la Junta cambia de opinión y ahora piensa que la planta de Airbus Puerto Real, después de ver los números que la empresa ha obtenido, se puede mantener abierta". "La Junta, ha dicho, se suma a lo que quiere el Gobierno, el Ayuntamiento y el pueblo de Puerto Real", porque "nunca se va a barajar la posibilidad del cierre de la planta y se va a seguir luchando por ello".

Tensión con los vecinos del Río San Pedro

En cuanto a la polémica suscitada tras un conflicto con vecinos del Río San Pedro por un comentario de Amaya en sus redes sociales ("el que no quiera llevar el gentilicio de Puerto Real, las puertas tiene abiertas"), la regidora socialista ha reflexionado que "una alcaldesa debe ser cercana y natural para normalizar los cargos públicos, pero cuando hace un comentario en las redes sociales como el resto de la ciudadanía no debe serlo", al tiempo que se ha preguntado "hasta dónde llega la libertad" y "por qué aceptar un cargo de alcaldesa tiene que limitar a hacer un comentario cuando se acosó al concejal de Urbanismo".

Por todo ello, la regidora ha subrayado que "se ha manipulado, porque en ningún momento se hace referencia a un vecino para que se vaya de Puerto Real". Ha añadido que "hay vecinos del Río San Pedro que piden la independencia o la anexión a Cádiz" y que "ante esas palabras, lo que se comenta es que cualquier persona que no esté orgullosa del gentilicio tiene las puertas abiertas, igual que están abiertas para todo aquel que quiera venir al pueblo".

No obstante, Amaya ha señalado que "es positivo que los grupos municipales se tengan que hacer eco de un comentario en redes sociales para sacar un titular en los medios pidiendo la dimisión, porque es señal de que no tienen argumentos para ir en contra de la gestión".

Así, la alcaldesa ha sostenido que los vecinos del Río San Pedro "lamentan 40 años años de abandono y pretenden que en dos años se solucionen todos los problemas, cuando en los cuatro años anteriores no hubo ninguna reclamación al Ayuntamiento".

De esta forma, ha explicado que "hay intereses políticos, pero es lo de menos" porque "el Río San Pedro necesita inversiones y en dos años se ha invertido más que en los cuatro anteriores, el acerado está muy dañado por el pino, que es una especie autóctona de Puerto Real y cuesta trabajo quitarlo porque no se permite con tanta facilidad, pero hay cuatro barriadas rurales más y un casco urbano que necesitan inversiones".

Al hilo, ha detallado que "se están dando todos los pasos, con los pocos recursos disponibles, para invertir", y ha anunciado que "se ha conseguido una subvención de 4,5 millones con el IDAE para solucionar el problema de iluminación tanto en el Río San Pedro como en todo el municipio y no solamente se va a cambiar la luminaria, sino que se va a ampliar el número de farolas".

Por último, la regidora ha avanzado que "se va a llevar a cabo el parque de viviendas tan necesitado, puesto que desde finales de 2007 no se hacía ninguna vivienda de protección oficial en Puerto Real y ahora, con un proyecto, se van a poder tener en torno a 40 viviendas de protección oficial, de renta libre, y viviendas de gestión municipal para las familias más desfavorecidas".