El Estado y la plantilla se enfrentan en los juzgados Los ex Delphi buscan el lado positivo a la última sentencia del TSJA

  • No ven negativo que se haya anulado todo el procedimiento y aplauden que se implique ahora a las empresas contratantes

Una asamblea masiva de ex trabajadores de Delphi, en una imagen de archivo. Una asamblea masiva de ex trabajadores de Delphi, en una imagen de archivo.

Una asamblea masiva de ex trabajadores de Delphi, en una imagen de archivo. / Julio González

El colectivo de los ex Delphi se niega a hacer una lectura negativa de la sentencia emitida la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula un fallo anterior del Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz. Aunque el Tribunal andaluz ha tirado por tierra esa sentencia de 2017, en la que en primera instancia se respaldaban los argumentos de este colectivo ante las reclamaciones monetarias planteadas por el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), los ex Delphi entienden como un hecho positivo que el procedimiento judicial tenga que comenzar desde el principio.

En especial, los trabajadores de la antigua fábrica de automoción de Puerto Real aplauden que el TSJA haya instado ahora al SEPE a que incluya también en su demanda a las empresas que supuestamente contrataron a estos trabajadores durante una fase de sus cursos de formación, una relación laboral que la sociedad estatal entiende que fue un fraude.

Antonio Montoro, representante de la UGT, considera que este argumento judicial viene a reforzar las posiciones de este colectivo, que desde el primer momento viene defendiendo que, si se confirma que hubo fraude, tendrían que ser esas empresas contratantes las que devuelvan ese dinero.

Un comunicado suscrito por el propio Montoro y por el portavoz de la USO, Miguel Paramio, añade que en los últimos meses el TSJA ya ha venido comunicando gradualmente a los afectados que los recursos individuales que presentaron contra las reclamaciones del SEPE estaban siendo remitidos de nuevo a los Juzgados de lo Social de Cádiz para que se reiniciaran pero incluyendo igualmente a las empresas referidas.

En ese comunicado se critica "la incertidumbre y la angustia" que vive este colectivo "que desde hace años sufre un calvario por una situación que tiene como único culpable a la Junta de Andalucía".

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