El subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, criticó ayer las formas de protesta del Sindicato Andaluz de Trabajdores (SAT), así como el hecho de que la Junta no haya condenado en firme dichas actuaciones. También defendió las medidas sanitarias a implantar por el Gobierno ya que "es necesario que todos contribuyamos a la sostenibilidad del sistema".

Al respecto de la marcha obrera del SAT, De Torre, en primer lugar, expuso el respeto al derecho de reunión y manifestación. No obstante, "debido a los precedentes y los anuncios que se hacían por parte de los responsables del SAT, así como las acciones sorpresa realizadas en otras provincias", ello implicó, como en otras provincias, un fuerte dispositivo policial para "impedir las ocupaciones de propiedades tanto públicas como privadas, así como altercados que se pudiesen producir".

"El coste de este dispositivo de seguridad es elevado", sentenció el subdelegado, quien también mostró su sorpresa por "la falta de condena por parte de los responsables de la Junta". "Todos estamos en contra de ese tipo de actuaciones que no hacen sino perjudicar la imagen de Cádiz, Andalucía y España en el exterior", concluyó Javier de Torre.

En cuanto a la concentración realizada ayer contra la reforma sanitaria frente a la subdelegación del Gobierno, por los sindicatos y la 'Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía' , de Torre defendió que "la realidad es distinta de la que ven estas asociaciones". "Los inmigrantes menores, embarazadas, enfermos graves y crónicos, además de los casos de urgencia, van a seguir siendo atendidos por los servicios sanitarios".

El representante recordó la Ley General de Sanidad de 1986 en la que se establecía "que aquellas personas que no fuesen aseguradas deberían abonar la prestación de servicios sanitarios". Javier de Torre defendió también la "posibilidad del aseguramiento privado". Explicó que hay otros colectivos que tampoco están en el sistema sanitario como son muchas mutualidades. "Por lo tanto no es una excepción el hecho de que se exija a algunos colectivos, concretamente el de inmigrantes, su aseguramiento privado para estar cubiertos por el sistema sanitario", sentenció el máximo representante del gobierno en la provincia.

Debido al alto coste de la sanidad se aplica "una medida de cofinanciación, donde se exige un esfuerzo a toda persona que reciba asistencia sanitaria, pero, en ningún caso, se priva a todos los inmigrantes de asistencia sanitaria".

El subdelegado recordó que es competencia de las comunides autónomas determinar las situaciones de emergencia. Es importante además que los inmigrantes intenten "regularizar su situación, y por tanto estar en plenitud de derechos". La reforma , en palabras del representante, también buscará impedir el 'turismo sanitario'.