Al alcalde isleño, José Loaiza, el fallo que le obliga a readmitir en la plantilla municipal a la auxiliar de caja imputada por el desfalco, María José Lebrero de Celis, le pilló por completo de sorpresa. Apenas tuvo tiempo para reaccionar al enterarse ayer mismo de la resolución judicial, publicada por este periódico. Solo pudo referir que el asunto está en manos de los servicios jurídicos municipales y que, en los próximos días, se irán tomando las decisiones oportunas. Eso sí, dejó entrever que se plantea recurrir el fallo al asegurar que "el Ayuntamiento debe mantener su postura".

Pero, de momento, no hay nada claro. "Ahora mismo, los servicios jurídicos municipales están estudiando cuáles son las actuaciones que el Ayuntamiento tiene que llevar a cabo, a qué nos obliga esta sentencia. No tenemos todavía ninguna indicación de cumplimiento. Tampoco (la auxiliar de caja) ha pedido todavía su reingreso en el Ayuntamiento ni la ejecución provisional de la sentencia", aseguró el regidor, que insistió en mostrar su "máximo y total respeto a la resolución judicial", aunque ésta, como apuntó, le obligue a readmitir a una funcionaria que está imputada en el proceso penal por la presunta desaparición de dinero de las arcas municipales.

Toda una paradoja que ayer Loaiza no dudó en poner de manifiesto al hilo de la oleada de reacciones políticas que ha provocado la demanda que el Ayuntamiento presentó este mismo lunes ante el Tribunal de Cuentas y que incluye a los ex alcaldes, Manuel de Bernardo y Antonio Moreno, a los interventores y a la tesorera como responsables subsidiarios por el alcance detectado en la caja.

"Hay una resolución judicial que me obliga a meter (a readmitir) en el Ayuntamiento a una persona que está imputada en el proceso penal, lo que significa que existen indicios razonables de delito en relación con la desaparición del dinero. Una persona, además, que en el proceso contable se considera responsable directa", explicó. "Y, sin embargo, los partidos (de la oposición) me piden que aparte al interventor y a la tesorera y que cese de Manuel de Bernardo. ¿Por qué separar entonces del Ayuntamiento a profesionales o políticos cuando no son responsables directos de la desaparición del dinero y hacen perfectamente su labor?".

Loaiza, a pesar de considerarlos responsables subsidiarios del robo en la demanda, rompió una lanza en favor de los técnicos municipales y los ex alcaldes, especialmente en favor de De Bernardo. "Si tengo que readmitir a alguien que hasta está imputado, al menos responsable -que en ese momento era el alcalde- ¿por qué tengo que darle más pena de banquillo? Hay que ser congruentes", dijo.