El juicio contra diez activistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) acusados de llevarse nueve carros llenos de productos de un hipermercado de Sevilla en 2013 ha concluido sin que la Policía ratifique su identificación y sin que los procesados declaren, ya que son insumisos judiciales.

El Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla dejó visto para sentencia el juicio contra los procesados, entre ellos, Rafael Aguilera, actual alcalde de Alcalá del Valle por IU; José Manuel Benítez, candidato de Podemos al Congreso por Huelva en 2015; Manuel Rodríguez, exdiputado de IU por Sevilla; o José Antonio Núñez, ex alcalde de El Coronil (Sevilla) con IU.

Tras la vista oral, celebrada en ausencia de los acusados, la fiscal ha confirmado su petición de que cada uno de ellos sea condenado a doce meses de cárcel por un delito de hurto.

Las defensas han solicitado la absolución de todos y han argumentado que la inspectora que los identificó no ha comparecido en la vista oral, al no ser requerida por la Fiscalía, a lo que han sumado que “no hay seguridad” sobre el importe de los productos sustraídos, según han informado fuentes judiciales a Efe.

Según la Fiscalía, tanto ellos como otras personas no identificadas, “todos activistas” del SAT, acudieron sobre las 11:30 horas del 30 de agosto de 2013 al Carrefour de la Carretera de Utrera, a la salida de Sevilla, llenaron los carros y Benítez pasó uno por la línea de caja sin abonarlo, lo que hizo que el vigilante de seguridad le diese el alto.

En ese momento, los demás acusados “salieron corriendo del establecimiento” con los carros.

La acusación pública refiere que el importe de lo sustraído ascendió a 2.357,34 euros, aunque Carrefour no denunció ni reclamó nada a los procesados, como ha confirmado el director del centro comercial. “Hicimos un inventario y lo que se llevaron era de muy poco valor”, ha dicho el responsable.

El vigilante, por su parte, ha explicado que al intentar pararlos se topó con una “avalancha”.

También ha contado que uno de los sindicalistas, al que identificó como el ex diputado Diego Cañamero, lo interceptó y le dijo “que estuviese tranquilo, que me iba a buscar un problema”. “No me sentí amenazado”, ha aclarado este testigo.

En su informe final, la fiscal ha afirmado que los procesados fueron “perfectamente identificados” y ha considerado probados “el hecho, la intención y el ánimo de lucro”, si bien los productos fueron donados por el SAT a una corrala de Sevilla, según han indicado fuentes del sindicato.

El letrado de nueve encausados, David Rodríguez, ha reseñado que la policía que realizó las identificaciones tras visionar las cámaras de seguridad no ha explicado “cómo llegó a la identificación” concreta de cada persona, ya que no ha ido al juicio.

“El atestado necesita ser ratificado. No hay total seguridad de que los acusados sean quienes se llevaron los carros. Había más personas en esa acción reivindicativa”, ha alegado.

Además, “no hay seguridad de cuáles son los productos sustraídos, como ha dicho el director”, ha añadido.

El abogado del alcalde de Alcalá del Valle, Pedro Jiménez, se ha adherido a esos argumentos y ha recordado que el “único identificado”, en alusión a Cañamero, no fue procesado porque la Fiscalía “no vio elementos incriminatorios” contra él.