Provincia de Cádiz

El fiscal pide 4 años de cárcel para el ex alcalde roteño Lorenzo Sánchez

  • El ex edil adjudicó obras a un empresario de manera arbitraria y se benefició de ello, afirma la Fiscalía

Lorenzo Sánchez y Eva Corrales, en mayo de 2016 en Cádiz, cuando fue juzgado el caso Uniformes. Lorenzo Sánchez y Eva Corrales, en mayo de 2016 en Cádiz, cuando fue juzgado el caso Uniformes.

Lorenzo Sánchez y Eva Corrales, en mayo de 2016 en Cádiz, cuando fue juzgado el caso Uniformes. / joaquín pino

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión por un delito continuado de cohecho pasivo para Lorenzo Sánchez, ex alcalde de Rota, a quien acusa de haber adjudicado de manera arbitraria diversas obras públicas al empresario Felipe Castellano Moreno a cambio de que éste comprase materiales de construcción y equipos de protección a sus empresas. El fiscal calcula que Sánchez facturó de ese modo a las empresas de Castellano una cantidad aproximada de medio millón de euros entre 2007 y 2011.

Lorenzo Sánchez, de Roteños Unidos (RRUU), fue candidato a alcalde de Rota en las últimas elecciones municipales. Desde hace unos diez meses está fuera de la actividad política, tras haber abandonado su puesto de concejal porque fue inhabilitado con la sentencia del caso Uniformes.

El caso que llevará a Sánchez al banquillo también sentará en él como acusadas a otras ocho personas, entre ellas Eva María Corrales Caballero, del PP, que fue alcaldesa de Rota. Corrales era concejal delegada de Planeamiento cuando ocurrieron los hechos que describe el fiscal en su escrito de acusación. Para ella solicita 12 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Para el empresario Felipe Castellano, acusado de un delito de cohecho activo, el fiscal solicita cuatro años de prisión. También que indemnice al Ayuntamiento de Rota con 1,6 millones de euros por la urbanización de las avenidas Mayeto y Carboneras. En ese apartado económico, el fiscal pide que sea decomisados los 532.851 euros que sostiene que recibió Lorenzo Sánchez "en concepto de dádiva".

Otro acusado en este asunto es Ismael Puyana, contratado laboral en el Ayuntamiento de Rota en la Delegación de Fiestas desde 1993 como peón y desde 2011 como funcionario de carrera como oficial especializado de Fiestas. Puyana fue concejal delegado de Fiestas en 20017 y 2008. Puyana es socio de Lorenzo Sánchez en una de las empresas a través de las que éste recibía ingresos procedentes de empresas de Felipe Castellano, señala el fiscal en su calificación.

También figuran como acusadas Sonia Rodríguez Villalba, esposa de Ismael Puyana, y Rosario Pacheco Salas, esposa de Lorenzo Sánchez. El fiscal sostiene que ambas se concertaron con Sánchez y Puyana para aparecer ellas como responsables de las empresas y así no levantar sospechas sobre sus maridos. Ese mismo papel lo desempeñaba Isidro Martín Bejarano, afirma el fiscal, que lo considera un hombre de paja en el entramado.

Juan Carlos Utrera Camargo, secretario del Ayuntamiento de Rota cuando sucedieron los hechos, también está acusado. El fiscal relata que permitió eludir un procedimiento de licitación pública y que no recabó informes preceptivos. Figura además como acusado José Antonio Cutilla, coordinador de la Oficina de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Rota.

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