La Fiscalía de Jerez ve indicios de un delito de prevaricación en la construcción del actual campo de fútbol de El Bosque y señala al ex alcalde socialista Antonio Ramírez y al ex concejal de obras Diego Ardila como autoridades responsables del mismo.

El escrito del fiscal responde a una demanda planteada por la ex alcaldesa del PP Inmaculada Gil tras conocer que la Junta de Andalucía reclamaba al Ayuntamiento, en 2014, el reintegro de una subvención, de casi 600.000 euros, de la construcción de esta infraestructura porque las obras no se habían realizado "en su adjudicación de acuerdo con las normas de contratación pública" como obligaba el acuerdo, según la administración autonómica.

El campo de fútbol costó 1,1 millones de euros, de los que 900.000 fueron para la primera fase y 300.000 para la terminación. Así que la Fiscalía entiende que se fraccionó una de las fases de las obras "con el fin de evitar controles más rígidos propios de un contrato mayor, en el que es necesario un pliego de prescripciones administrativas particulares, un pliego de prescripciones técnicas, la solicitud de al menos tres ofertas para poder comparar precios…".

En otro apartado, el informe detalla que se fraccionó el contrato para "disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad y demás relativos al procedimiento negociado. Así se recondujo indebidamente por el alcalde, Antonio Ramírez Ortega, y el concejal de Obras, Diego Ardila Romero, la adjudicación al procedimiento de contrato menor, con menores requisitos, vulnerando en todo caso el interés público".

El fiscal se queja de la poca colaboración del actual gobierno del PSOE, ya que no se han remitido los expedientes solicitados pese a que la Guardia Civil los requirió el pasado julio, "haciendo caso omiso el Ayuntamiento", dice. El ex alcalde Antonio Ramírez se mostró ayer sorprendido por esta resolución ya que, dijo, "no se nos ha notificado".

Ramírez defendió su actuación en la construcción del campo de fútbol y alegó que se hizo en distintas partes "porque no teníamos financiación para todo". "No se fraccionó el proyecto, eludiendo los procedimientos legales. Se hicieron ocho contratos, que se licitaron públicamente entre las empresas locales", dijo. Por su parte, la popular Gil entiende que hubo por parte de los socialistas dos incumplimientos: "Por un lado, atendiendo a la ley de contratos, ya que por las cuantías se estaba obligado al procedimiento que marca la ley. Por otro, no se respetó la obligatoriedad que marca la ley de subvenciones tras el acuerdo firmado con la Junta".