Puede haber "sospechas" de que hubo un acuerdo entre el hombre que consiguió una pensión de incapacidad laboral y el acusado pero eso hay que acreditarlo y no ha quedado probada esa connivencia, vino a argumentar ayer en la Audiencia Provincial el fiscal al solicitar al tribunal que dicte una sentencia absolutoria. En el banquillo, como acusado, estaba sentado Francisco Casto Pérez Lara, el ex inspector médico que fue condenado a nueve años y medio de prisión en el caso de la Operación Karlos, la estafa a la Seguridad Social con la obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad. Casto está en la cárcel, cumpliendo esa condena. Ayer, como hizo en el juicio en el que compartió banquillo con el ex policía Carlos Carretero y un amplio grupo de procesados, aseguró que es inocente.

El ex inspector médico negó ayer haber falseado en 1998 un informe para que un hombre pudiese lograr una pensión. Y su abogado defensor reclamó la absolución. En contra de lo que afirman el fiscal y la defensa, quien sostuvo ayer que Casto sí participó en una estafa fue el abogado del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que ejerce la acusación particular y que solicita para él seis años de prisión.

El letrado se apoyó en un forense que analizó el caso y que considera que el hombre que logró la pensión no padecía las enfermedades que Casto anotó en su informe, en la propuesta que hizo favorable a la incapacidad.

Casto escribió en su informe que el solicitante de la incapacidad tenía diagnosticada una miocardiopatía dilatada y cirrosis hepática. Para ello se apoyó en un informe de un médico sobre el que hay distintas versiones. La acusación particular tiene claro que en ese informe no existe ese diagnóstico. El fiscal cree que hay dudas, porque allí se habla de un antecedente de cardiopatía. Y la defensa de Casto sostiene que el informe del entonces inspector médico está bien basado en el informe médico.

Quien también tuvo claro en su día que no había tal diagnóstico fue un perito que aportó en otro juicio una aseguradora. Cuando el hombre logró su pensión, quiso que la aseguradora se hiciese cargo de su hipoteca. La compañía no quiso porque vio que el seguro era muy reciente y se temió algo extraño. El hombre demandó a la aseguradora y perdió: el juez estimó que el perito tenía razón y que el hombre había conseguido una pensión sin tener la enfermedad por la que le fue concedida.

Así llegó el asunto en su día a la Fiscalía, que decidió presentar una denuncia en el Juzgado. Entre otras cosas porque ya había saltado la Operación Karlos y resulta que quien había intervenido en el caso que llegaba del Juzgado era el inspector médico imputado en esa causa, Casto Pérez Lara. No obstante, tras la investigación judicial, la Fiscalía decidió pedir el sobreseimiento. Si el caso continuó fue porque el INSS mantuvo que la pensión había sido obtenida de forma fraudulenta y presentó un acusación.

El pensionista ha fallecido. Y también el perito que en su día consideró que el pensionista no padecía la enfermedad coronaria que dio lugar a la incapacidad (y tampoco la cirrosis).

El abogado defensor de Casto pidió al tribunal que lo absuelva y que condene al INSS a pagar las costas del procedimiento. El letrado del INSS solicitó en cambio una sentencia condenatoria pro falsedad y estafa.