Agentes de la comisaría de la Policía Nacional de Algeciras detuvieron en la tarde de ayer a Ángel Fernández Cortés, joven empresario del sector de la hostelería e hijo mayor del segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de la ciudad y presidente de la Mancomunidad, Luis Ángel Fernández, por su presunta implicación en la trama fraudulenta de venta de puestos de trabajo en la estiba del Puerto de Algeciras, unos hechos que desde 2017 viene investigando el cuerpo policial.

Fernández Cortés, según adelantó anoche Europa Sur en su web, fue detenido por miembros de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional en torno a las 18:00, una vez que los agentes habían reunido pruebas suficientes sobre su presunta implicación en el fraude. En las investigaciones han participado también el Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional y la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco).

Muchas de estas pruebas son fruto de los pinchazos telefónicos que la Policía venía practicando desde el pasado mes de octubre, con autorización del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Algeciras y a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción de Algeciras en, al menos, dos líneas de teléfono que Fernández Cortés utilizaba habitualmente.

De algunas de las conversaciones interceptadas por los agentes, según las fuentes consultadas, se desprende que el joven empresario prometía a sus interlocutores su colocación como estibadores pese a carecer aparentemente de vínculos conocidos con ese mundo. Las promesas se hicieron a raíz de la liberalización del sector que a mediados de este año permitió la incorporación de 460 personas en la bolsa de trabajo eventual del Puerto de Algeciras.

Pasado el tiempo y a la vista de que la bolsa de empleo se había cerrado, aumentaba el nerviosismo entre quienes presuntamente habían adelantado una comisión a Fernández Cortés. Una parte de ellos logró, efectivamente, colocarse en la estiba, pero entre quienes no lo consiguieron fueron muchos quienes le exigieron la devolución del dinero entregado. Y no siempre de buenas maneras.

El ayer detenido pudo devolver gran parte de lo recaudado, pero otra cantidad se habría esfumado en pagos a las personas que teóricamente iban a facilitar la entrada en la estiba a los teóricos candidatos. Las explicaciones y evasivas de Fernández Cortés a los afectados, según las fuentes consultadas, pudieron contener el ánimo de algunos de ellos durante algún tiempo, pero no así el de otros.

Los pinchazos policiales han sido claves para armar esta sucesión de acontecimientos. La convicción final de los responsables de la UDEV de Algeciras de que Fernández Cortés iba a poner pies en polvorosa para escapar de sus múltiples acreedores precipitó ayer su detención.

La previsión es que el detenido permanezca en dependencias policiales hasta el próximo lunes, cuando será puesto a disposición judicial. Ayer mismo prestó declaración en calidad de investigado por los delitos de corrupción entre particulares y estafa.

A la detención de Fernández Cortés, según las mismas fuentes, pueden sumarse en próximos días las de otras personas de su entorno que supuestamente habrían colaborado con él en sus actividades, si bien es posible también que estas sean llamadas a declarar como investigadas sin necesidad de ser detenidas.

Luis Ángel Fernández, visiblemente afectado, declinó en la tarde de ayer hacer declaraciones a esta redacción sobre lo sucedido. Provisionalmente, la defensa de su hijo recae en la ex esposa del teniente de alcalde y madre de Ángel Fernández Cortés, Inés Cortes, una reputada abogada que ejerce en el Campo de Gibraltar.

La Policía sospecha que existe más de una trama en el fraude de la estiba con numerosos actores implicados. Aunque no existe un registro cerrado de afectados por este motivo, su número puede rondar fácilmente el centenar de personas, cada una de las cuales pudo abonar entre 15.000 y 30.000 euros, dependiendo de la capacidad adquisitiva de cada cual y de su habilidad para negociar con los intermediarios.

El volumen global del fraude es también difícil de calcular, aunque las fuentes consultadas estiman que sobrepasa de largo el millón de euros. El temor de las presuntas víctimas a verse implicadas como partícipes de la estafa ha dificultado enormemente las investigaciones policiales.

Los puestos de trabajo en la estiba están muy cotizados teniendo en cuenta las altísimas retribuciones de sus integrantes, superiores en algunos casos a 100.000 euros anuales, y de que se trata de un sector laboral cuyo acceso es muy restringido.

El pasado 13 de marzo, el sindicato Coordinadora, mayoritario en la estiba española, alertó públicamente de la existencia de una trama de estafadores en Algeciras que ofrecían puestos de trabajo a cambio de dinero. Coordinadora denunció que la citada red estaba utilizando los nombres de miembros del comité de empresa de la estiba algecireña para obtener puestos de trabajo.

A comienzos de septiembre, la Policía Nacional detuvo a tres personas por su presunta relación con estos hechos. Dos de ellos, padre e hijo (el primero de ellos, apodado El Cafelito) eran estibadores convertidos en presuntos comisionistas de la red. Ambos habrían cobrado importantes cantidades de dinero por facilitar el acceso a puestos de trabajo en los muelles. Tanto en un caso como en otro, fueron despedidos en octubre por el centro portuario de empleo de Algeciras, la Sagep. El tercero de los implicados continúa a día de hoy en calidad de investigado.