El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha manifestado su deseo de que el próximo Gobierno de Juanma Moreno venga a fortalecer las consejerías con competencias en los ámbitos laboral y jurídico, y ha reclamado que, en ambos casos, sean "independientes y estén dotadas de perfiles con conocimiento en ambas materias para su gestión".

En un comunicado, el presidente del Consejo Andaluz de estos operadores jurídicos y especialistas en relaciones laborales, José Blas Fernández Sánchez, espera que el anuncio del presidente Moreno respecto al incremento en el número actual de consejerías se traslade a "un organigrama en el que las materias de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por una parte, y Justicia, por otro, figuren de manera independiente, debido a la importancia que tienen ambas de cara al funcionamiento y el progreso de nuestra comunidad".

"En la anterior legislatura recién disuelta, la consejería relativa a Empleo sí ha tenido ese carácter, con una consejera experta en temas sociolaborales, Rocío Blanco, una inspectora de trabajo independiente que ha hecho una gran labor, especialmente difícil a causa de pandemia", ha señalado el presidente del Consejo de Graduados Sociales.

Sin embargo, añade, "Justicia estaba adscrita a una estructura donde cabía de todo: Turismo, Regeneración y Administración Local, además de Justicia. Creemos que ésta última debe ser una consejería específica, con sus correspondientes delegados provinciales, porque su buen funcionamiento es clave para Andalucía", ha insistido José Blas.

"Las competencias en Justicia están por desarrollar, especialmente las relativas a la mejora de las infraestructuras y dotaciones de recursos humanos en los juzgados", ha subrayado  el presidente del Consejo Andaluz.

El Consejo Andaluz, que representa a más de 9.000 graduados sociales de las ocho provincias andaluzas más Ceuta y Melilla, reclama además que en esta nueva legislatura se adopten medidas legislativas y un pacto institucional, político y social para que Gobierno y Junta de Andalucía, junto con los operadores jurídicos, busquen vías de solución a la situación de merma de recursos de la Justicia Social.