Provincia de Cádiz

Un imán para atraer la confianza perdida

  • La Junta traslada a Cádiz el debate sobre la futura Ley de Transparencia, un contrapunto a la desafección ciudadana hacia las instituciones y la clase política

Las leyes de transparencia pública que se están fraguando en paralelo para España y para Andalucía llegan tarde pero pueden ser unas herramientas esenciales, un imán casi, para que la ciudadanía vaya recuperando progresivamente su confianza en las instituciones públicas y, de manera indirecta, en la clase política. Este fue uno de los mensajes que marcaron la jornada sobre Transparencia Pública que la Junta de Andalucía celebró ayer en Cádiz dentro del periplo que la Administración autonómica viene realizando por las ocho provincias andaluzas de cara a enriquecer el anteproyecto de esta norma que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta hace ahora un mes.

Profesionales de diferentes sectores -la judicatura, la Universidad, los medios de comunicación o la empresa-, junto con responsables de numerosos colectivos sociales pusieron ayer su granito de arena en un debate donde términos como democracia, ciudadanía o participación se convirtieron en protagonistas.

En ese debate la Junta buscó -y en cierto modo consiguió- que quedaran patentes las diferencias entre la Ley de Transparencia que está tramitando para Andalucía y la que en paralelo sigue redactando el Gobierno central para el conjunto del territorio español. Y entre esas diferencias, la más esencial puede ser quizás la apertura a la participación ciudadana que se viene llevando a cabo para la redacción del texto definitivo de la normativa autonómica que, según la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, será "la más importante de las que se aprueben en esta legislatura".

En la inauguración de estas jornadas, Díaz destacó la "valentía" de esta futura ley, que calificó como "una vacuna contra la corrupción", y alabó la alta participación que su debate está originando en las redes sociales. Gracias a ello y a los debates desarrollados hasta la fecha en cinco provincias andaluzas, el texto final, según apostilló, variará bastante del anteproyecto aprobado el pasado 4 de junio.

La jornada de ayer estuvo centrada en dos mesas redondas. En la segunda ella, los ponentes dejaron patente que ha sido la crisis económica, y por defecto la creciente desafección ciudadana ante las instituciones públicas, la que ha motivado esta Ley de Transparencia. "Llegamos aquí por el deterioro de la clase política. Pero la sociedad no demanda el fin de la política sino la necesidad de aplicar otras maneras y otros modelos. Y esta Ley será buena para recuperar la autoestima porque aunque no solucionará nuestros problemas sí será un buen vehículo para tratar las demandas ciudadanas", reflexionó la empresaria Ana Alonso, directora general de la consultora Psicas y presidenta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz.

En esta misma línea se pronunció Juan Carlos Campo, magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz y ex secretario de Estado de Justicia, que destacó que la crisis "es una oportunidad para romper muchos modelos". Campo realizó un repaso al articulado del anteproyecto de ley, repartiendo críticas y elogios al mismo tiempo pero destacando que esta ley debe tener como objetivo primordial "hacer una ciudadanía crítica, conocedora y controladora del poder". "Una ciudadanía fuerte exige conocer en qué se invierte el dinero público y eso siempre supone más democracia", enfatizó. Campo también incidió en la necesidad de respetar los límites de la información que están tasados por la legislación española porque, precisó, "no se puede confundir transparencia con desnudez".

Diego Caro, catedrático de Historia Contemporánea de la UCA, situó esta Ley de Transparencia Pública en su contexto histórico, destacando al respecto que la razón de que no haya visto antes la luz estuvo en que la Transición mantuvo gran parte de la opacidad informativa que caracterizó a la Dictadura. También apostó por que esta normativa legal impulse la interacción entre los gobiernos y sus gobernados.

Y Severiano Fernández Campo, catedrático de Derecho Administrativo de la UCA, situó el detonante de las leyes de información pública en 1966 en Estados Unidos, y precisó que esta Ley de Transparencia llega a España casi 20 años después de que viera la luz en países como Portugal o Italia y después de que esté en vigor en más de 80 países.

La labor de los medios de comunicación centró la primera de las mesas redondas, en la que participaron Fernando García, director territorial de la RTVA en Cádiz; Rafael Navas, director de Diario de Cádiz; Diego Suárez, director regional de Contenidos de la Cadena Ser; y Lalia González-Santiago, adjunta al director regional de Vocento. Sin descartar en ningún momento la autocrítica, los ponentes destacaron el compromiso de los medios por ser altavoces y al mismo tiempo garantes de la efectividad de esta Ley de Transparencia, lamentaron que esta normativa no estuviera en vigor desde hace décadas, destacaron que el acceso a la información es un derecho universal y situaron la necesidad de establecer unos límites a este derecho, que deben venir dados por la seguridad y la intimidad.

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