Un año más, el informe Frontera Sur realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía saca los colores a las políticas migratorias "criminales" del Gobierno español y gobiernos europeos con un documento "que no pretende ser un macabro recuento de muertes" sino "una llamada de atención" de la ineficacia de "la criminalización" y "el militarismo" como herramientas contra las migraciones. Lo demuestran los datos: 1.717 personas han perdido la vida en 2020 en su intento por llegar a nuestro país, la cifra más alta de la historia de este informe que la organización comenzó a realizar en 1989.

Diego Boza, coordinador de la APDHA en Cádiz, Rafael Lara y Ana Rosado, encargados de coordinar y realizar el informe Frontera Sur desde el área de Migraciones de la asociación, han sido los encargados de desgranar el documento que este año consta de 14 capítulos donde, por un lado, se aglutina el balance migratorio propiamente dicho y, por otro, se realiza un análisis de los flujos migratorios, políticas y organismos nacionales e internacionales encargados de esta fracasada visión política de las migraciones en un año, tildan, "especialmente complicado" donde la emergencia sanitaria por la "Covid-19" ha servido de excusa "para, una vez más, la vulneración de los Derechos Humanos".

Así, con el fin de "visibilizar estas prácticas políticas de España y Europa" que sólo persiguen "criminalizar las migraciones en beneficio a grandes corporaciones" que se alimentan "con el sufrimiento de las personas", la APDHA confecciona este documento que recoge cómo en 2020 ha aumentado "en un 29%" el número de personas que han intentado entrar en nuestro país de manera irregular, en total, 41.861. Un número que, sin embargo, según datos de 2019, sólo sigue suponiendo "apenas el 4,3% de extranjeros" que viven en nuestro país. 

Es decir, "que el gobierno español destina recursos millonarios como la subcontratación de países terceros para que hagan de tapón del flujo migratorio, el elevado coste de los centros de internamiento, de los centros de detención, de las vallas, que se acaba de construir una tercera en Marruecos pagada por España... Todo un despliegue millonario para frenar al 4,3% de extranjeros que llegan a nuestro país y, encima, sin lograrlo y sólo consiguiendo represión y muerte", reflexiona Lara.

Descenso de muertes en el Estrecho y la explosión en Canarias

El informe de Frontera Sur deja al descubierto un cambio significativo en los flujos migratorios (al que también le ofrecen una explicación) con respecto al desembarco de migrantes en nuestro país. Así, la ruta del Estrecho parece menos transitada que la, aun más peligrosa, ruta a Canarias.

De esta forma, de las más de 1.700 personas muertas o desaparecidas en 2020, 1.239 han perdido su vida en la ruta a Canarias; 231 en la ruta del Levante; 202 en el mar de Alborán y 45 personas en nuestra más cercana ruta del Estrecho.

De hecho, la ruta a Canarias ha experimentado un espectacular tráfico de migrantes. Así, si en 2019 fueron 2.698 las personas que tomaron esta vía para llegar a España, en 2020 lo hicieron 23.023. Siguiendo con los datos de 2020, a Andalucía llegaron 10.206 migrantes, 6.404 a Levante y Baleares y 2.228 a Ceuta y Melilla (por vías marítima y terrestre).

"Este desvío a Canarias tiene su lógica, sobre todo por el bloqueo del mediterráneo occidental que bien se le ha pagado a Marruecos, además de la crisis abierta en el Sáhara Occidental, ya que el conflicto provocado por Marruecos en Guerguerat ha bloqueado la ruta terrestre atlántica que transcurría por Senegal, Mauritania, El Sáhara y hasta el Norte de Marruecos para luego intentar saltar a España", según explican los datos del documento.

Migrantes atendidos a su llegada en la playa de Cortadura en 2020.

Críticas al Gobierno

La situación vivida en Canarias a lo largo del 2020 "ha demostrado una vez más la incapacidad de este Gobierno para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo". "Miles de migrantes han pasado días durmiendo a ras de suelo en los puertos en una situación de privación de libertad que en muchos casos ha excedido las 72 horas establecidas por ley; otros miles han sido trasladados a hoteles y, posteriormente, a campamentos improvisados ante la negativa del Gobierno de España de alojarlos en la península", detalla el informe de Frontera Sur que viene a demostrar, según Diego Boza, que "gobierne quien gobierne" tendrá a la APDHA enfrente "si de la vulneración de los Derechos Humanos" se trata.

Así, Boza ha asegurado que se han encontrado con "mucha opacidad" a la hora de conseguir los datos en referencia a las políticas migratorias. Así, "de 15 consultas que hemos elevado" a diferentes instituciones gubernamentales sólo le contestaron "a una" argumentando "que esos datos comprometían la política exterior del Estado español". 

Una "falta de transparencia" que viene a poner de manifiesto que el Gobierno de coalición "ni ha cumplido con el acuerdo de gobierno firmado sobre poner en marcha rutas legales y seguras para los migrantes y políticas de acogida dignas", además de demostrar "un peligroso continuismo de las políticas migratorias de gobiernos anteriores".